El Gobierno intenta forzar al PP a un acuerdo a ciegas sobre los menas

En el archipiélago, los populares gobiernan en alianza con Coalición Canaria (CC) y el Ejecutivo insular lleva meses negociando la reforma de la Ley de Extranjería con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hasta el año pasado presidente canario y que hoy representará al Gobierno central en Tenerife junto a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, de la cuota de Izquierda Unida (IU) dentro de la parte del Gabinete de coalición que corresponde a Sumar. Y en otras cinco comunidades los de Alberto Núñez Feijóo tienen como socio de coalición a Vox: Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Aragón y la Región de Murcia.

Sobre todas ellas pende la amenaza que Santiago Abascal ha venido repitiendo en los últimos días y que ayer reiteró su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, la de romper esos gobiernos autonómicos si se llega a algún tipo de acuerdo para el reparto mancomunado de los menas. El portavoz del PP, Borja Sémper, advirtió ayer a la formación derechista que «las amenazas le funcionan a los independentistas con Sánchez, con Feijóo no funcionan, se equivoca quien pretenda hacerlo».

El Gobierno, por su parte, no quiso ofrecerle al primer partido ningún tipo de balón de oxígeno político ante la amenaza de su socio. Y eso que necesita el acuerdo con los populares para deshacer el cuello de botella de la presencia de esos menas, que el propio Ángel Víctor Torres, durante su comparecencia ayer después del Consejo de Ministros junto a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ejemplificó asegurando que esos casi 6.000 inmigrantes en Canarias equivalen a que hubiera unos 200.000 en la Península.

El número de habitantes de ciudades como Pamplona o Almería. Preguntada Alegría sobre si ofrecería algún tipo de apoyo a los gobiernos populares en caso de perder éstos el apoyo de Vox por pactar con Moncloa un acuerdo de reparto, la también ministra de Educación y Deportes no se salió del guión: «El legado del señor Feijóo en este país es haberle abierto la puerta a la ultraderecha en todas las instituciones», señaló, al tiempo que restó valor a «las amenazas del señor Abascal». Después del acuerdo el mes pasado para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y reformar la ley que lo regula, Pedro Sánchez ha ofrecido al PP tres grandes acuerdos o pactos de Estado, además de la renovación de otros organismos como el Banco de España. En concreto sobre financiación autonómica, sobre violencia de género, para renovar el pacto ya alcanzado en su día entre los dos grandes partidos y por último para hacer esa modificación de la norma de Extranjería que este miércoles se discutirá con las comunidades autónomas.

La reunión, que se celebrará a las 17.00 en Tenerife (una hora más en la Península), será presencial y telemática. Estarán 'in situ' los consejeros populares de Castilla y León, Andalucía, Murcia y Extremadura, los socialistas de Castilla-La Mancha y Navarra y también de Cataluña. Todos acudirán a un centro de menores por la mañana, en una visita coordinada entre el Gobierno central y el canario.

El primer punto del orden del día consistirá en informar sobre la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, una propuesta que debería llegar al Congreso de los Diputados a finales de este mismo mes de julio. Fuentes del Ejecutivo descartan que sea mediante un decreto, pues se trata de un asunto, aducen, que afecta a las competencias de las comunidades autónomas. Se inclinan, por tanto, porque se presente como una proposición de ley, para una reforma que, además de con las comunidades, el Gobierno lleva largo tiempo negociando con los distintos grupos parlamentarios. Para salir adelante bastaría con una mayoría simple, a pesar de tratarse de una ley orgánica, que en principio requiere de mayoría absoluta, pero el citado artículo 35 no tiene naturaleza orgánica, según consta en una disposición final de la propia norma.

Pese a todo, las fuentes del Ejecutivo consultadas aseguran que no estarían satisfechas con una mera abstención del PP, que permitiría aprobar la norma, ya que eso, creen, no implicaría a todos los gobiernos autonómicos de los populares. Y por eso esperan un acuerdo con mayor grado de compromiso por parte de los de Feijóo.

Se da la circunstancia, dentro de la precariedad parlamentaria habitual del Ejecutivo de Pedro Sánchez, de que esta vez, como se admite en el Gobierno, no se podrá contar con los siete diputados de Junts per Catalunya, dado que los de Carles Puigdemont vienen reclamando para su comunidad la competencia exclusiva en materia migratoria, algo que el Gobierno ve inviable.

En pocos asuntos como éste se rozan los distintos niveles de la administración española. En el de la inmigración en general y en el de los menas muy en particular, dado que, a diferencia de los inmigrantes mayores de edad, los menores (su tutela) quedan a cargo de la comunidad en la que se encuentren.

Este primer punto del orden del día marcará el siguiente, que sí que requerirá de una votación de los consejeros del ramo. Se trata del acuerdo propuesto por el Gobierno para trasladar a 400 menores -100 de Ceuta y 300 de Canarias- según los criterios establecidos en anteriores conferencias sectoriales. Un pacto que estuvo a punto de aprobarse hace algunas semanas y quedó en suspenso a la espera de la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería.

Será aquí donde las comunidades expresen la necesidad de contar con más medios para asumir ese reparto y el que se derivará de la nueva norma. Memoria económica exigida al Gobierno y que, según ha podido saber ABC, no se presentará en el cónclave de esta tarde.

En Génova, entienden este punto como clave. De hecho, ayer exigían un «fondo de contingencia» que permitiera a las autonomías hacer frente al reparto, pues muchas de ellas se encuentran ya por encima de sus posibilidades. «Solidaridad sí, pero con medios. Las comunidades del PP acogen ya a 5.000 menores no acompañados; las del PSOE, 341», resumía Sémper. Fuentes populares exponían su preocupación por llegar a la reunión sin la propuesta final del Gobierno, lo que «complica el acuerdo». «Está en duda la voluntad real del Ejecutivo para solucionar este caos», asumía el portavoz del PP, a la espera de una reunión que este miércoles centrará la atención, con los menas como excusa para mantener el pulso político entre las diferentes facciones.