Los pactos regionales con el PP a los que apela Vox no impiden la acogida de menores inmigrantes

Este es el contexto en el que se enmarca la decisiva Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud de este jueves en Tenerife, prevista para las 18.00 horas y que contará con representación de todos los territorios. Una cita en la que, además, se «informará» a las autonomías de la propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería con la que se pretende establecer en un futuro el reparto obligatorio de menas, que hasta ahora se establecía atendiendo a criterios de solidaridad, y votar el de los otros 400 acordados para este 2024 pese a no haber ejecutado aún la totalidad de los traslados acordados el pasado año.

Para Vox, el problema no es si el PP vota a favor o se abstiene en la futura votación de la reforma de la norma en el Congreso, que el PSOE tiene intención de efectuar antes del mes de agosto. «Eso es lo de menos —aseguran fuentes del partido a ABC—. La cuestión es lo que hagan los Gobiernos regionales y si se respetan los acuerdos«. Esta fue precisamente la postura defendida ayer por su portavoz en la Cámara Baja, Pepa Millán, quien se aferró a los barones populares con los que gobierna para lograr que no despegue la propuesta del reparto de menas. «Lo que diga Feijóo es irrelevante. Nos preocupa lo que hagan a partir de ahora los presidentes de las regiones», sentenció.

Aunque, en caso de ceder a la «presión de Sánchez» y «engañar a sus electores», reiteró Millán la amenaza del líder de su partido, Santiago Abascal: «El PP tendrá que gobernar en minoria o con el PSOE con quien se lleva tan bien». «Romper es romper. Preferimos estar fuera [de los Gobiernos autonómicos] a engañar a la gente», apuntaron otras voces de la formación.

Millán aseguró tener «muchos motivos» para confiar en que Mazón, Azcón, Mañueco, López Miras y Guardiola harán lo correcto «a pesar de las zancadillas que les puso Génova» desde el momento en que se dieron cuenta de que les necesitaban para gobernar en la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Región de Murcia. Y en este sentido, volvió a apelar al valor de los pactos autonómicos en materia de inmigración firmados entonces: «Nos hemos mal acostumbrado a que firmen acuerdos y hagan lo contrario. El PP firmó acuerdos que le permitieron llegar al Gobierno sabiendo esto. No son una broma, no son un cheque en blanco. Hay que cumplir lo pactado».

La realidad es que ninguno de los cinco acuerdos de gobernabilidad entre PP y Vox habla explícitamente el asunto, por no decir que ni siquiera hacen referencia a él. Por ende, tampoco vetan la acogida de menores de inmigrantes y el PP no estaría incumpliendo en ningún momento su palabra en caso de dar luz verde al acuerdo de redistribución. Únicamente se menciona la lucha contra las mafias organizadas de inmigración ilegal, así como la supresión de subvenciones a entidades que amparen dichas prácticas (Comunidad Valenciana, Aragón y Región de Murcia).

En Extremadura, la inmigración no está ni en el pacto de Gobierno. En los 60 puntos que conforman el acuerdo por el que Guardiola se convirtió en presidenta extremeña no aparece oposición alguna a la acogida de menores inmigrantes no acompañados. La cuestión de la inmigración, recuerdan fuentes de la Junta a este diario, «no está recogida en el acuerdo» y «no se puede añadir a posteriori a un pacto firmado«. «En Extremadura hay un acuerdo muy claro de gobernabilidad que se está cumpliendo y que, por nuestra parte, vamos a seguir aplicando por responsabilidad y por respeto a los extremeños, y porque creemos en la seriedad y el rigor», expresan estas mismas voces, a la par que mandan el mensaje de que la región »estará a la altura« y acudirá a la reunión de mañana en Canarias por »lealtad institucional« y por »empatía con una región que está padeciendo directamente la nula gestión del Gobierno central«.