El Gobierno canario de Torres regó de millones al centro acusado de maltrato a menores

La entidad, una asociación sin ánimo de lucro, era la que ofreció más recursos al gobierno autonómico para responder a la demanda que tenía la administración de cara a atender a los miles de niños que llegaban a las islas en cayuco. Casi obligados a abrir un centro por día para dar cabida a todos los menores que de forma masiva pisaban suelo español. Con una crisis migratoria incesante, que desde entonces tensiona el archipiélago, Quórum 77 ha seguido trabajando posteriormente con el gabinete de Fernando Clavijo, que este año le ha adjudicado contratos por valor de 20 millones de euros entre los meses de enero y marzo, según cuentan fuentes de la administración autonómica a este periódico. A día de hoy, según esas mismas fuentes, la ONG tiene bajo su cargo a 1.925 menores y recibe para su manutención entre 90 y 94 euros cada día, lo que supone unos ingresos diarios que pueden alcanzar los 173.000 euros.

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Según la documentación que consta en las plataformas de contratación, entre los años 2019 y 2023 ha recibido 22 contratos por valor de 21,68 millones de euros. La anterior administración de Torres, durante esos años ,le otorgó la gestión de 18 centros en toda Canarias, la gran mayoría de ellos mediante la fórmula de negociado sin publicidad. Tras la declaración de emergencia migratoria, cuando se pasó de 30 a 86 centros en todo el archipiélago, el actual gobierno de Coalición Canaria y PP les entregó la gestión de once 11 centros más.

La ONG Quórum 77, adjudicataria de medio centenar de contratos a lo largo de los últimos años, se sirvió presuntamente de los vínculos políticos que tenían para lograr un mayor acceso a la administración autonómica.

Entre los detenidos la semana pasada en una macrooperación dirigida por el Cuerpo General de la Policía Canaria, se encuentra el director de centros ,Juan Enrique Quintana, que hasta hace pocos días era el secretario de Acción Local del PSOE de Gáldar, una ciudad importante de la isla de Gran Canaria. Tanto él como la directora de la ONG, Delia García, fueron puestos en libertad, aunque están siendo investigados por los juzgados.

Pero fue con el nombramiento de Iratxe Serrano como Directora General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, cuando la entidad recibió gran parte de los contratos. Serrano, que fue nombrada por la anterior consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, hoy diputada de Podemos en el Congreso. La ex responsable directa de las adjudicaciones a la ONG cuenta con una extensa actividad en el ámbito de la adopción y el acogimiento, las dos cuestiones en las que precisamente centra su actividad Quórum 77.

La ONG investigada por los tribunales canarios, a la que se le han clausurado ya dos centros por las situaciones de presunta violencia que se han vivido en su interior, tiene bajo su jurisdicción al 35% de los menores no acompañados que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias, lo que equivale a uno de cada tres niños que están incluidos en el sistema de protección infantil.

Además del servicio que prestan a la administración autonómica para la atención de estos menores que han llegado a las islas mediante la ruta marítima, también trabajan con menores canarios con discapacidad. En este sentido, en el año 2022, también durante la presidencia de Ángel Víctor Torres, recibieron un contrato de 2,22 millones de euros para la atención de estos niños.

La semana pasada, cuando se desarrolló la macro operación contra esta entidad, además de las detenciones efectuadas el juez también ordenó el cierre de dos de los centros bajo sospecha. El magistrado Tomás Martín acordó la clausura de La Fortaleza l, en Santa Brígida, más conocido como Bandama, y el José Arinaga l, en Gran Canaria. El juez, en su resolución, argumentó el cierre «ante las numerosas evidencias y testimonios recibidos sobre la presunta comisión en su interior de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, delitos contra la integridad moral y amenazas, todos presuntamente consumados en el ámbito de su actividad».

Los menores que había en el momento de la orden judicial en ambos centros, todos ellos mayores de 16 años y de origen magrebí y subsahariano, fueron reubicados en otros centros.