El gobierno de Armengol mintió a su Parlamento con las mascarillas defectuosas

El Ejecutivo de Armengol también escondió el fraude de estas mascarillas al Parlamento balear, donde la consejera de Salud y persona de su máxima confianza, Patricia Gómez, ocultó datos y mintió para después presumir de buena gestión. Gómez compareció en la Comisión de Salud de la Cámara autonómica el 10 de junio de 2020, sólo dos días después de que el Gobierno de Armengol recibiese el informe del Centro Nacional de Medios de Protección que confirmaba la mala calidad de las mascarillas compradas a la empresa Soluciones de Gestión, ahora bajo investigación.

Este documento invalidaba la remesa y por ello se inmovilizaron las mascarillas sin usar en un almacén de Palma, donde a día de hoy siguen abandonadas y ya caducadas. Sin embargo, este informe fue ocultado y hasta ahora la investigación no ha podido localizarlo entre el material requerido el organismo balear de Salud, según se desprende de la investigación en curso.

El 10 de junio de 2020, por lo tanto, la consejera de Armengol ya sabía que las mascarillas eran de ínfima calidad y ya había dado la orden de almacenarlas porque no servían para uso sanitario. Pese a ello, Gómez ocultó esta información y se limitó a hablar de la inmovilización de 80.000 mascarillas procedentes de otra polémica remesa que llegó a Mallorca con la intermediación de un abogado vinculado al PSOE.

Gómez fue más allá cuando la representante de Podemos, Antonia Martín, le preguntó si había habido más casos de deficiencias. En concreto, si «se había encontrado más material con cualquier tipo de defecto» y qué se había hecho. En el turno de respuesta, esquivó la cuestión pero después, cuando respondió al miembro de Ciudadanos, Juan Manuel Gómez, la responsable de Salud mintió en sede parlamentaria al asegurar que «en esta comunidad autónoma no ha habido material defectuoso». Incluso presumió de la gestión de la compra de material: «Quizá me dirá suerte, suerte o buena gestión, no lo sé, de las personas que lo han de hacer, no mía». Finalmente, según refleja el diario de sesiones, Gómez refrendó esta mentira: «Ninguna partida de las compradas por esta conselleria ha resultado defectuosa». Hacía 48 horas que lo sabía y ya las había quitado de circulación.

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El lote de este millón y medio de cubrebocas llegó en avión a Palma el 27 de abril de 2020 tras un «contacto verbal» que hasta la fecha no se ha identificado. Dos días después, el Servicio de Salud balear fabricó un expediente de contratación amparándose en la situación de emergencia que se vivía a raíz de la pandemia del coronavirus. Un 'modus operandi' cuestionado por la Guardia Civil, que considera que fue «contrario a la ley» y que la operación estaba «preconcedida» porque «la prestación del servicio» se ejecutó «antes de la formalización del mismo».

El 4 de mayo de 2020, el entonces director general del Servicio de Salud, el socialista Juli Fuster, firmó una resolución que amparaba la contratación de emergencia de diverso material sanitario, en el cual se incluían las mascarillas de la mencionada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. Un día después, dio la orden de pago mientras el promedio estaba en 43 días, como detalló ABC.

Este envío tenía como objetivo «atender a las necesidades de los profesionales sanitarios», lo que contradice expresamente el argumento al que se agarra en las últimas fechas el PSOE, que plantea que los cubrebocas de la trama eran para «uso civil» o «domiciliario», como señaló ayer el portavoz socialista en el Parlamento balear, Iago Negueruela. Para explicar esta contradicción, se escudó en que la codificación de estas mascarillas indicaba que eran para «uso extrahospitalario» y que fue un «error» cuando en su correo electrónico de reclamación las calificó de «sanitarias».

Según ha podido corroborar ABC, esta resolución firmada por Fuster especifica que la empresa vinculada al exasesor de Ábalos fletó un avión repleto de mascarillas FFP2 1 de protección para vapores orgánicos y FFP2 de un solo uso. Esto confirma que lo que se ofreció, acordó y pagó era un material de una calidad superior a la que finalmente llegó, sin que se reclamase u objetase nada en tres años.

Pese a saber que era un fraude, la única comunicación por parte del gobierno socialista está fechada en agosto de 2020, cuando el Ejecutivo balear entonces liderado por la actual presidenta del Congreso avaló esta operación calificando el suministro de «satisfactorio». De este modo, avaló a la empresa ahora acusada para que pudiera seguir recibiendo contratos públicos durante la pandemia, a pesar de que dos meses antes había constatado que las mascarillas eran inservibles y las había dejado sin uso.

Negueruela afirmó ayer que este documento de conformidad era simplemente «un copia y pega» para certificar que se había recibido y pagado, aunque el documento valoraba explícitamente el material recibido. Además, según explicó el portavoz socialista, el firmante de este informe ya sabía que el material era defectuoso cuando dio su visto bueno, pero no dijo nada porque no se había iniciado la reclamación.

Tras estallar el escándalo del caso mascarillas, Armengol guardó silencio durante seis días y en las únicas declaraciones al respecto se consideró una víctima de la trama y dijo estar «indignadísima». Desde entonces, solamente se comunica con los medios a través de sus asesores, que califican de «cacería contra la presidenta del Congreso» el goteo de informaciones y peticiones de aclaraciones.

La huida de Armengol del foco mediático ha dejado solo ante los medios a su mano derecha, Iago Negueruela, que ayer incluso se desplazó a Madrid para sustituir nuevamente a su jefa de filas y hablar ante los medios. El portavoz del PSOE balear explicó el retraso de tres años en la reclamación en que el Servicio de Salud estaba «saturado», pese a que la situación sanitaria ya era normal en 2022 cuando la Guardia Civil se presentó en este organismo para reclamar la información sobre la trama. Negueruela reconoció ayer que estaban convencidos de que iban a seguir gobernando en Baleares y que iniciaron el proceso con un informe emitido justo el día de la investidura de la popular Marga Prohens, el pasado 6 de julio.

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Por primera vez, Negueruela desveló que la persona de Soluciones de Gestión que contactó con el Gobierno balear fue Íñigo Rotaeche vía correo electrónico, pero sigue sin responder a dos de las grandes dudas que existen desde el estallido del caso Koldo: quién llama a Baleares desde el Ministerio de Transportes -«no lo sé», reconoció ayer- y qué miembro del Gobierno balear cerró este acuerdo que, según la investigación, no tuvo ni contrario previo ni posterior y fue adjudicado a dedo. «Puedo garantizar que ni la presidenta ni ningún otro consejero conocían el expediente de un contrato de 3,7 millones de euros», señaló Negueruela, a pesar también de que este acuerdo se trató en un consejo de gobierno.

Asimismo, Negueruela aseguró que se quedaron las mascarillas y no las usaron para demostrar que no eran de calidad. Finalmente, el que fuera portavoz del gobierno de Armengol justificó que la reclamación fuese de 2,6 millones porque esa era la diferencia entre el precio de mascarillas FFP2 y unas quirúrgicas. Ahora se centra en acusar al gobierno de Marga Prohens de hacer caducar la reclamación. Sin embargo, el actual Ejecutivo del PP exige la devolución de los casi 4 millones de euros que el Gobierno balear ha perdido con esta operación y se personará como afectado en el proceso judicial.