El Gobierno apela al PP para salvar la reforma de la ley de Extranjería: «O está con los derechos de la infancia o con las políticas ultra»

«Ya sé que ha habido expresiones no favorables, pero esperamos que de aquí al día 23 haya muchas formaciones que hagan una reflexión de verdad. No se puede llenar la boca hablando de solidaridad y humanidad y luego no aprobar la ley que la lleva a la práctica», señaló Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, tras haber registrado la propuesta.

Junto a él, además de los portavoces de Sumar y Coalición Canaria, estuvieron presentes Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, y Fernando Clavijo, presidente de Canarias.

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Todos los presentes hicieron referencia a la necesidad de una aprobación «rápida y por la vía de urgencia» de esta reforma para dar respuesta a la crisis migratoria que sufre Canarias, donde alrededor de 6.000 menores se encuentran hacinados a la espera de traslado.

Un traslado al que el Partido Popular no se opone, como ya señalaron las comunidades gobernadas por este partido durante la conferencia sectorial celebrada la semana pasada, pero para el que piden una partida económica específica, que recoja todas las derivadas que se desprenden de la tutela de un menor y no solo la que corresponde al primer año de acogida.

En la propuesta registrada por el PSOE, Sumar y CC, no se modificada de ninguna manera el asunto presupuestario y se hace una mínima referencia, en el apartado V, donde se señala que se hará «adoptando las medidas financieras que resulten necesarias». Una referencia que el PP considera insuficiente, ya que reclama una memoria económica que recoja las necesidades de cada menor, que el Gobierno cifra en 145 euros por día (casi 53.000 euros al año).

«Esta es la única solución y hay que adoptarla con la máxima urgencia», señaló el ministro Torres, quien especificó que el reparto de los 4.000 menores que ahora mismo sobran en Canarias se haría a lo largo de doce meses, pero que la aprobación ayudaría a que los que lleguen a partir de ahora puedan distribuirse en solo dos semanas. Se haría, en todo caso, en base a los criterios de distribución aprobados para los repartos voluntarios en la sectorial de 2022, tales como la población de cada comunidad, su PIB, el esfuerzo de acogida que realiza, su nivel de paro y la dispersión demográfica.

Torres insistió en que todas las comunidades estarían obligadas a acoger menores. «Ninguna quedaría excluida», en referencia a la negativa de ERC y Junts a que Cataluña entre en el reparto. En cualquier caso, fuentes del Gobierno ya preparan la venda para esa herida, admitiendo que «se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado en los últimos seis meses» y por ahí «Cataluña es una de las que más menores ha acogido».

Fue Sira Rego, ministra de Infancia, la que puso más presión sobre el Partido Popular, al que interpeló directamente. «Estamos a la espera de ver qué ocurre con todos los grupos, es muy importante lo que haga el PP. La pelota está en su tejado y debe decidir si se pone del lado de los derechos de la infancia o si sigue apoyando políticas ultra de Vox», señaló. En ese sentido, Íñigo Errejón apuntó que «o bien se está con las políticas racistas o con los derechos humanos».

Por último, Coalición Canaria pidió máxima urgencia para la aprobación de la ley, porque la emergencia en el territorio es máxima y advirtió que lo ideal sería aprobar «un decreto de aplicación urgente, porque lo que pasa en Canarias no es in problema Canarias, sino de toda España y de Europa», especificó Cristina Valido.