El Gobierno de Ayuso avisa sobre la reforma de la ley de Extranjería de Sánchez: «Puede ser inconstitucional»

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, que participó en la conferencia sectorial por videoconferencia, ha avisado de que la propuesta del Ejecutivo nacional para hacer obligatoria esa distribución puede suponer una «invasión de competencias» autonómicas, y por tanto estarán muy atentos a la tramitación de la ley para comprobar en qué desemboca y estudiar en su caso las medidas jurídicas oportunas.

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Mariano Calleja

En concreto, la Comunidad de Madrid recuerda que el Estatuto de Autonomía de esta región establece como competencia exclusiva la tutela y protección de los menores no acompañados, por lo que no podría producirse una injerencia o una imposición desde el Gobierno de la Nación.

El Ejecutivo de Ayuso esperará a que el plan de Sánchez se registre finalmente en el Congreso para ver el texto definitivo y lo estudiará con detalle. De momento se queja de que conoció la propuesta apenas 24 horas antes de la conferencia sectorial y no ha tenido tiempo de analizarlo con detenimiento. Por ahora prefiere mantenerse cauto, a la espera de que se introduzcan posibles enmiendas y de comprobar cuál es la redacción final de la ley. Pero si queda como está ahora mismo, no descarta un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias.

La Comunidad de Madrid reclama, además, más financiación al Gobierno de Sánchez para atender la avalancha de inmigrantes irregulares, incluidos menores no acompañados, que llegan a la región en un número muy superior al previsto por el Gobierno. El acuerdo de la conferencia sectorial implica la reubicación de 30 en Madrid, pero en lo que va de año la Comunidad ha atendido a más de 1.200 menores extranjeros no acompañados.

El presupuesto de la Comunidad de Madrid este año para atender a todos los menores inmigrantes es de 40 millones de euros, mientras que la financiación comprometida por el Gobierno de la Nación se limita a 1,4 millones, para atender a los 34 menores que estaba acordado que llegaran a esta región.