Los juristas avisan: Sánchez no puede decidir qué es un bulo

«En ningún caso puede ser el Gobierno el que decida qué es desinformación y qué es bulo; primero, porque es un concepto académico sin trascendencia jurídica, y segundo, porque incluso en los casos en los que está justificado luchar contra determinada información, la experiencia y garantía de los derechos fundamentales recomienda centrarse en los procedimientos, mecanismos, formas de creación y herramientas utilizadas, antes que en el contenido. Y ello, porque cuando el Gobierno determina qué es verdad y qué es mentira acaba generándose la verdad oficial que ejemplifica el periódico oficial de la URSS, Pravda», dice el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Rafael Rubio.

Una de las cuestiones que sí será necesario reformar para adaptar la legislación vigente a la EMFA es la ley de publicidad y comunicación institucional, para introducir el criterio de la transparencia en la asignación de esta publicidad. «La publicidad institucional está regulada de forma ineficaz -apunta Rubio-. Es una de esas normas en las que se ve de forma gráfica la diferencia entre el marco normativo y la aplicación que de ella hacen todos los gobiernos». A su juicio, es necesario establecer criterios objetivos para evitar que el gobierno, de todo signo y cualquier tipo de administración, favorezca a unos frente a otros. «Todo lo que sea someterlo a transparencia y a una serie de reglas es positivo, pero eso tiene que ser objetivo, lo que es incompatible con que precisamente quienes propugnan ese tipo de regulación se salten sistemáticamente la norma allí donde gobiernan». Por lo tanto, «no es muy prometedor y hace sospechar, sobre todo cuando esas propuestas de reforma vienen precedidas por una campaña de desprestigio y ataque permanente a determinados medios, que la ley en lugar de ser general y aplicable a todos se haga exclusivamente para perjudicar a algunos. Pero eso no lo veremos hasta que conozcamos su contenido», dice.

Recuerda Rubio que el derecho a la información es un derecho fundamental, lo que implica no sólo que su reforma se tendría que llevar a cabo por ley orgánica, sino que solo se podría hacer cuando afecte a bienes jurídicos superiores, como la seguridad pública o la integridad democrática en casos de procesos electorales. «Tienen que ser casos excepcionales en los que el pluralismo y exigencia de veracidad no sean suficientes para proteger ese bien jurídico», señala.

Comparte esta opinión la catedrática emérita de la Universidad de Valencia Remedio Sánchez Ferriz, para quien «un gobierno no puede poner límites al derecho a la información». A su juicio, «la mejor regulación de la libertad de prensa es la que se ejerce con independencia y, en general, en los sistemas democráticos, criticando al poder». Recuerda que hay muchas formas de «desinformación». A veces también lo es el silencio. «De hecho -apunta- hay cuestiones muy importantes en estos momentos en la Moncloa de las que se nos tiene totalmente desinformados». Pero también la desinformación consiste en aumentar o exagerar informaciones creando «cortinas de humo» para «tapar» lo que realmente importa.

La jurista opina que en todo caso, «de tener que regular u opinar sobre la desinformación y los bulos, nunca sería el Ejecutivo, que no es quien ha de definir la desinformación». Recuerda que durante décadas el Tribunal Constitucional ha desarrollado y delimitado todas las figuras en torno a la información y que quien tiene que controlar los excesos son los tribunales. «También el autocontrol informativo funciona en los medios serios», aunque al final «no hay más control de la información que el de la reacción de una ciudadanía bien formada». Añade la jurista que en un Estado democrático la publicidad tiene que ser neutral y debe haber un reparto proporcional a todos los medios, aunque «la realidad es que al final se apoya a los amigos que se dejan comprar, a los afines».

Elena Herrero-Beaumont, cofundadora y directora de Ethosfera y profesora asociada en IE University, hace hincapié en el artículo 20 de la Constitución hasta el punto de que «sin derecho a la información puede que no sobrevivan los demás derechos». Recuerda que sólo se puede limitar su ejercicio en casos «muy excepcionales», como cuando prevalece el derecho a la intimidad y privacidad, por razones de seguridad pública.

«Lo que está claro es que desde el punto de vista normativo ya está todo hecho porque el derecho de información está muy desarrollado en el plano europeo nacional», afirma. Así, los gobiernos «no pueden hacer más que seguir fortaleciéndolo en un contexto tecnológico de desinformación en amenaza permanente y cumplir con la exigencia de transparencia sobre financiación de medios». «Más allá de estas modificaciones el Gobierno no puede adentrarse en desarrollos normativos que atenten contra el verdadero espíritu de esta iniciativa», dice.

Sostiene la experta en comunicación que «nadie tiene derecho a definir bulo» y que desde luego el presidente no tiene «legitimidad ni credibilidad» para hacerlo pues es, además, parte implicada. Sí cree que «hay que dotar de transparencia» a la financiación que reciba cada medio en forma de publicidad institucional y privada, y garantizar su distribución objetiva en comunidades autónomas y ayuntamientos.

Para la profesora de Derecho de la Información de la UCM Loreto Corredoira pensar en cualquier limitación de este derecho fundamental le resulta inverosímil porque tendría que estar muy justificada. «El Gobierno no puede poner límites; las Cortes en todo caso podrían aprobar una ley orgánica modulando el artículo 20, y con pinzas», bajo el riesgo de incurrir en «censura o intromisión». A su juicio, la autoridad a la que habría que habilitar para dar cumplimiento a la aplicación de la ley europea de medios es la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

Recuerda Corredoira que la UE lleva tiempo trabajando en un plan contra la desinformación (regulación de plataformas, moderación de contenidos…) y que se trata de un «debate serio». Prueba de ello es que en los últimos cinco años Europa ha aprobado más de ocho leyes que afectan a los medios.

Por eso lamenta que Sánchez esté mezclando todo -bulos, fango...-, cuando la realidad es que «contra la desinformación nadie ha reaccionado con medidas legales, salvo Rusia», echando a periodistas incómodos. «La desinformación puede no ser agradable, pero no es ilegal, por muy mala y dañina que sea». En este sentido, cree que hay que aprender a «sufrir desinformación y a elegir medios que dan confianza».

Corredoira cree que puede haber mejoras para actualizar derechos como el de rectificación o al honor porque su regulación es de los años 80. «Pero eso es una cosa y protegerte de medios que son 'fango' es otra. No lo veo», confiesa.

Por último la profesora de la UCM Isabel Serrano recuerda que hay que ser «sumamente cuidadosos» a la hora de establecer restricciones a la información, «máxime cuando se trata de una libertad como esta, pilar de la democracia». Como sus compañeros, advierte de que la limitación a este derecho solo puede venir establecida por ley (orgánica, en este caso) y siempre respetando su contenido esencial. «Esto significa que no sería admisible ningún límite que, por ejemplo, impidiera la crítica al poder, por exacerbada que sea». Y recuerda en este sentido que el espíritu del EMFA «es garantizar la libertad e independencia de los medios de comunicación y de los periodistas y no lo contrario». «Resulta muy peligroso que quien tiene que ser controlado por los medios pretenda ser quien los controle».

En su opinión, no es el Gobierno el que debe definir qué es bulo o qué es desinformación. Son conceptos, dice, que «no pueden definirse desde la perspectiva de la ideología ni de la afinidad política (o, mejor dicho, desde la desavenencia política)». Opina que es preciso establecer criterios objetivos, pues los conceptos jurídicos no pueden fundamentarse en la subjetividad o el interés político, como sucedería con la definición de pseudomedios. La desinformación y los bulos, además, «no responden a una única ideología ni a un único interés», recuerda. Sí considera necesario controlar la desinformación, «siempre que se haga sin caer en la censura y sin afectar a la libertad de expresión». Esto significa, explica, que se podría incidir en los contenidos dañinos o desinformativos, pero «sin afectar, en ningún caso, a las opiniones».

Cree que la regulación actual puede ser efectiva contra cierto tipo de desinformación -especialmente la que atenta de manera objetiva contra ciertos derechos de terceros como el honor o la intimidad-, pero «ineficaz contra otros tipos de desórdenes informativos orientados a la desestabilización, a la injerencia en ciertos procesos democráticos o a la creación de narrativas hostiles, polarizadas o sesgadas».

A su juicio, las diversas normas que se han aprobado en los últimos años en el ámbito europeo «no aportan una solución real y definitiva» al problema de la desinformación. Para luchar contra ella «es necesario, además de una nueva regulación, una autorregulación y alfabetización mediática».

Serrano reconoce que el reparto de la publicidad institucional «puede ser un arma que utilicen las administraciones para favorecer a los medios afines» pues, aunque no debería ser así, esta publicidad «supone una importante partida en la financiación de los medios». «El principal problema que veo es la opacidad que existe en relación con qué medios son los más beneficiados y cuánto dinero reciben por este concepto. Si los medios afines son los más beneficiados y los más críticos los menos, entonces la conclusión es clara».

En opinión de esta experta, el reparto de este tipo de publicidad «debería ser equitativo» y, sobre todo, transparente, exigencia que incluye el reglamento europeo de medios, pero también nuestra ley de transparencia y, sin embargo, no se cumple.