Génova ve «invasión de competencias» en el decreto de ahorro y apoya a Ayuso
Feijóo frena por el momento el recurso del PP y lo deja en manos de las comunidades
En el Partido Popular las críticas al decreto-ley con medidas de ahorro energético, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto, son unánimes en todas las administraciones. Pero no está habiendo una respuesta uniforme ante un texto que tachan de ' ... gran chapuza'. Solo una de las cinco autonomías gobernadas por el PP, la Comunidad de Madrid, ha confirmado ya la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, mientras que las otras cuatro han optado por ahora por la vía del diálogo y siguen confiando en la rectificación del Ejecutivo. En medio, la dirección nacional del PP se limita a respetar la competencia de los gobiernos regionales, según el criterio de cada cual, a la hora de acudir al Constitucional o no. Génova se resiste por ahora a dar ese paso, aunque ayer reconoció de forma expresa que el decreto-ley contiene puntos inconstitucionales.
Lo último que pretende Génova es inmiscuirse en las decisiones de los gobiernos regionales del PP. El respeto a la autonomía de cada barón en sus territorios forma parte esencial de este PP que preside Alberto Núñez Feijóo, aunque en ocasiones tenga que hacer equilibrios para avalar el recurso anunciado por Isabel Díaz Ayuso, y al mismo tiempo aplaudir la inacción del resto de comunidades.
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán, se encargó ayer de mantener esos equilibrios desde Génova. Por un lado, defendió y avaló la estrategia de Ayuso en la Comunidad de Madrid, y se mostró de acuerdo con los diez puntos 'inconstitucionales' que el Gobierno regional madrileño ha encontrado en el decreto-ley de Sánchez. Rollán corroboró que «hay invasión de competencias» por parte del Gobierno, y por tanto el recurso de la Comunidad de Madrid está plenamente justificado. ¿Entonces por qué no da el paso el Partido Popular como tal y presenta también un recurso? Ante la pregunta de la prensa, el dirigente del PP se limitó a señalar que la dirección nacional ha dejado en manos de las comunidades autónomas la decisión de si deben acudir a los tribunales o no.
La CEOE pide al Gobierno más diálogo por las medidas energéticas y evitar la «confusión»
La patronal pide, una vez más, «seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma«
El partido, de momento, centra su respuesta en exigir la retirada del decreto-ley, para empezar de nuevo y buscar un plan de ahorro energético con la participación de los actores afectados, tanto las comunidades y los municipios como los sectores comerciales, que son los que de forma directa tienen que aplicar algunas de las medidas más controvertidas y los que se enfrentan a las posibles sanciones si no las cumplen.
Fuentes de Génova confirmaron a ABC que la decisión sobre la presentación de un recurso por parte del PP no está cerrada. Esperarán a ver cómo acaba este culebrón político, porque por ahora el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para convalidar el decreto-ley en el Pleno del Congreso a finales de mes, sobre todo después de que el PNV se desmarcara por completo del texto. Y si queda derogado, el recurso ya no tendría ningún sentido.
Críticas a Llop
Rollán se mostró especialmente crítico con la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien advirtió de que la Comunidad de Madrid «va a tener que hacer muchas contorsiones jurídicas para poder justificar que esta norma es inconstitucional». Para el dirigente del PP, estas declaraciones de la ministra de Justicia son un «insulto» y suponen una interferencia ante una decisión judicial. «Lo que pone de manifiesto es que el Gobierno en modo alguno no respeta la separación de poderes», subrayó.
Precisamente, el portavoz de Justicia del PP en el Senado anunció ayer la solicitud de comparecencia de Llop, para que explique qué entiende por desjudicialización de la política, en referencia al compromiso de Sánchez con los independentistas catalanes, y si cree que es «no hacer cumplir la ley; que no se persigan los delitos o que no se cumplan la sentencias».
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