Ayuso abandera a la respuesta judicial del PP contra el decreto de ahorro energético

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, denunció en las redes sociales que el Gobierno «se mantiene en la excepcionalidad como respuesta frente a cualquier problema, igual que hizo en la pandemia: ocurrencia, improvisación, desproporción, imposición y probable inconstitucionalidad». «El decreto de Sánchez solo ahorra diálogo y despilfarra problemas», sentenció.

De momento, la Comunidad de Madrid se ha quedado sola a la hora de anunciar el recurso ante el Tribunal Constitucional. Aun así, ha encontrado el respaldo de Génova. Fuentes de la dirección nacional del PP subrayaron a ABC que Feijóo y su equipo nacional avala la autonomía de los territorios para tomar las decisiones que consideren oportunas, dentro de sus competencias. Por eso, respetarán al máximo la decisión de Ayuso, pero también del resto de barones del PP si deciden no acudir a los tribunales.

Por ahora, Feijóo ha movido ficha con la exigencia de la retirada inmediata del decreto-ley, para sacar adelante un plan de ahorro energético, que ve necesario, pero desde el diálogo con las comunidades, los ayuntamientos y los sectores afectados, y con informes claros que reflejen el impacto económico real de las medidas. Desde la dirección nacional se insistió ayer en reclamar a Sánchez que interrumpa sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta, en Lanzarote, para convocar esta misma semana una Conferencia de Presidentes, y ponerse a trabajar con las comunidades autónomas para sacar adelante las medidas de forma consensuada.

En los argumentos que encuentra Ayuso para recurrir el decreto ante el Constitucional se incluye una advertencia: el cierre de puertas de locales y lugares de trabajo contraviene la normativa en materia de salud pública para prevenir contagios de Covid, en un momento en el que la pandemia no se ha superado todavía. «Madrid será la única capital europea que tendrá que apagar los escaparates a las 22 horas», denuncia en Sol. Estos son los diez puntos «inconstitucionales» del decreto-ley, según la Comunidad de Madrid:

«El carácter básico alegado por el Estado para invadir competencias autonómicas decae porque el objetivo del Real Decreto-Ley no es garantizar el suministro de gas, ya que el mismo decreto afirma que España no tiene ese problema», advierten desde Sol. Por eso, consideran que «no se pueden establecer mínimos ni máximos en las temperaturas de aire acondicionado y calefacción».

Desde la Comunidad de Madrid se cuestiona el carácter básico del decreto-ley: «Nos encontramos ante un acuerdo europeo que no es obligatorio».

El cierre de puertas de los locales y centros de trabajo «choca con la normativa de salud pública dictada con ocasión de la pandemia de Covid-19 y que establece la necesidad de ventilación».

«La obligación de instalar cartelería, pantallas, etc. para informar de las medidas de ahorro energético no contribuye directamente a dicho ahorro, por lo que invade competencias autonómicas sin justificación».

«La extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del decreto», avisa la Comunidad de Madrid. «Si lo que se pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?»

Es uno de los puntos más conflictivos: «El apagado de escaparates a las 22 horas colisiona directamente con la ley de Libertad de Horarios Comerciales de la Comunidad de Madrid, que permite abrir las 24 horas del día». Desde Sol lanzan esta pregunta: «¿Se puede cumplir esa norma con escaparates apagados?»

«El apagado de edificios públicos chocaría con la competencia del cuidado y utilización de los edificios propios de la Comunidad de Madrid y con el desarrollo turístico».

«El adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética en instalaciones podría exceder las bases estatales, toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico».

La Comunidad de Madrid ve una discrepancia entre la duración prevista de las medidas entre la normativa europea y la indicada en el decreto, hasta el 1 de noviembre de 2023.

«La defectuosa configuración del régimen sancionador puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad en las sanciones que puedan imponerse, tal y como sucedió en las derivadas de los estados de alarma durante el Covid».