Xunta, diputaciones y 23 concellos deberán elaborar partidas de presupuestos 'verdes'

Para empezar, la nueva norma obligará a que con los presupuestos se elabore una memoria que especifique qué inversiones se ejecutan en medidas del Plan Rexional Integrado de Acción Climática y cuáles integran la perspectiva climática en otros planes, determinando cómo contribuyen a lograr los objetivos climáticos. Además, con el foco en la contratación pública 'verde', en un año desde que entre en vigor se creará un programa específico para implantar y desarrollar criterios climáticos en los contratos públicos e integrarlos de forma progresiva.

Parejo a ello, se diseñará un catálogo de las posibles cláusulas climáticas y ambientales a introducir en los contratos del sector público gallego. El principal criterio a introducir, informó Europa Press, es el grado de la huella de carbono, –la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en toneladas equivalentes de CO2–. Al mismo tiempo, la Xunta deberá modificar los instrumentos fiscales a su disposición para incentivar al sector privado a sumarse a conseguir los objetivos en materia de cambio climático. Se creará un Registro gallego de promotores de la neutralidad climática, de adhesión voluntaria, y se facilitará que los entes locales también «adapten» sus herramientas fiscales en la misma línea.

A todo esto se suma, como adelantaron esta semana el presidente gallego, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, la puesta en marcha del sistema voluntario de créditos de carbono de la Xunta para que empresas, organizaciones o ciudadanos compensen sus emisiones comprando créditos de otros proyectos que reducen o eliminan gases, como iniciativas de reforestación, conservación de bosques, acuicultura o uso de energías renovables. Con la meta de lograr la neutralidad climática en 2040, la Xunta tendrá a su disposición tres instrumentos: la Estratexia Galega de Cambio Climático, los planes regionales integrados de acción climática, que marcan hojas de ruta de cinco años para cumplir los objetivos de la estrategia autonómica; y los planes de acción local por el clima, que la ley fija como obligatorios para los 23 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, de los que 17 ya presentaron sus planes de acción.

La ley también refuerza el papel de órganos ya existentes, como la Comisión Interdepartamental para el Impulso y Coordinación de la Estrategia Gallega de Cambio Climático o la Red local por el clima. Y prevé la creación de nuevas herramientas, como el Portal de Acción Climática de divulgación y transparencia; la Oficina de Cambio Climático de Galicia, que monitorizará el cumplimiento; y el Foro de Acción Climática, órgano colegiado de participación.

Como novedad, la norma regula de forma expresa por primera vez ciertas herramientas en el ámbito de la meteorología, como la Rede de Observación Meteorolóxica y Climatolóxica de Galicia. También estipula que la Rede de Calidade do Aire deberá integrar todas las estaciones de medición «de titularidad pública o privada» existentes en el territorio de la comunidad, definiendo para ellas criterios de implantación, mantenimiento y calidad. Así, se configuran como instrumentos clave para anticipar fenómenos de riesgo e informar de forma fiable.

Además, se establece que el organismo competente en cambio climático elaborará y revisará proyecciones climáticas específicas para Galicia, aplicando modelos matemáticos que permitan evaluar con antelación riesgos como incendios, inundaciones, sequías o episodios de calor y frío extremos.