La nueva portavoz de la AJFV: «La autonomía de la Fiscalía no está en este momento garantizada»

—Ustedes pedían una moratoria de la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia en las grandes ciudades, posponerla más allá del 1 de enero, pero el ministro se reafirma.

—Parece que no, que no va a haber moratoria.

—¿Y qué problemas puede acarrear? Ya hubo desajustes donde se implantó, en los pequeños y medianos partidos judiciales, pero ahora llega la fase decisiva: las grandes ciudades.

—Claro, ahora viene la implantación en las grandes capitales. Nosotros ya estamos observando que en los partidos judiciales donde ya se ha implantado hay deficiencias y se están produciendo problemas. Si eso pasa en un partido judicial pequeño, en una gran capital puede generar muchos problemas. Por eso se pidió la moratoria, para estudiar cuáles habían sido los problemas que se habían detectado y poder dar soluciones.

—Esta Ley de Eficiencia de la Justicia establece, entre otras cosas, que los funcionarios pasan de pertenecer a un juzgado unipersonal a trabajar en una oficina que da servicio a todos los jueces del partido judicial. ¿Cuáles han sido los principales desajustes detectados?

—Hay desajustes entre funcionarios, hay problemas en la tramitación de los expedientes en cuanto al funcionario que lo lleva. Cambia completamente el modelo, ya no hay esa conexión entre el juez y la oficina judicial. Todo eso requiere ajustes. Son una buena idea los Tribunales de Instancia, pero, claro, siempre que se haga con la dotación de medios suficiente que permita aplicarlo con garantías.

—Otro de los cambios de calado en la Justicia que planea el Gobierno es una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que, entre otras cosas, deja en manos de los fiscales la instrucción de las causa penales. ¿Están de acuerdo en que sea así?

—No estamos en contra de que la instrucción la lleven los fiscales, pero siempre que se garantice la autonomía del Ministerio Fiscal, cosa que ahora no acontece. En este momento, tal como está regulada la figura del Ministerio Fiscal y la elección del fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, sin reforzar esa autonomía del Ministerio Fiscal, creemos que no procede hacerlo en este momento. Mientras no se refuerce esa autonomía, creemos que no ofrece las mismas garantías que puede ofrecer un juez de instrucción imparcial.

—Sobre la Fiscalía, por primera vez un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo. ¿Álvaro García Ortiz tendría que haber dimitido?

—Nosotros ya hemos dicho que es una cuestión personal. La decisión de si tenía que dimitir es algo que le competía a él y era una decisión personal del fiscal general del Estado. Pero sí que es indudable que la imagen de la Fiscalía se ve perjudicada.

—Bolaños, en su discurso, acaba insistir en la independencia de la Justicia. Pero los ataques del Gobierno a jueces que instruyen causas que puedan afectan al PSOE o al entorno del presidente no ayudan.

—Es fundamental el respeto entre los Poderes del Estado y el respeto institucional. Eso no se puede perder de vista. Evidentemente, las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica, eso es lógico. Pero eso no implica el señalamiento a jueces concretos, o una persecución determinada, o a jueces concretos con nombres y apellidos. Se pueden criticar las resoluciones judiciales, los recursos están ahí para hacerlos valer cuando no estamos de acuerdo con una resolución judicial. Pero nunca se puede perder de vista el respeto institucional. Porque ahí se está creando un problema de confianza de la ciudadanía hacia sus jueces, hacia la Justicia. Y el ciudadano es el destinatario final de la gran mayoría de nuestras resoluciones.

—Otro foco de discrepancia. Desde la AJFV pedís que sean los propios jueces los que elijan a los 12 vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero Bolaños acaba de insistir en que su designación debe seguir saliendo de Las Cortes.

—Sí, nosotros defendemos una elección directa de los 12 vocales judiciales por parte de la carrera judicial, de conformidad con un sistema proporcional y que asegure esa pluralidad en el Consejo General de Poder Judicial. Pero no solamente la presencia de las asociaciones, de no asociados también. Porque no podemos olvidar que una parte muy importante de la carrera judicial no está asociada. Tienen que darse todas las sensibilidades en el Consejo. No se trata de sustituir cuotas de partidos políticos por cuotas de asociaciones judiciales.

—¿Cuál es la primera carpeta que tendrá que abrir como portavoz?

—De los primeros retos que tenemos en el horizonte, por ejemplo, el de los Tribunales de Instancia. Vamos a estar muy pendientes de ver qué pasa con esa implantación, porque los compañeros están muy preocupados.