La instructora señala a dos policías gemelos de Orense por planear la muerte de un compañero en 2016

El plan, asume la instructora sobre la que recayó la causa, les salió bien en un primer momento porque la escena del crimen fue «perfectamente manipulada» para conseguir que aquello pasase por una muerte voluntaria. Pero superado el primer filtro, algo no casaba. Lejos de dejarse llevar por las apariencias, la togada empezó a solicitar todo tipo de informes y pruebas que, siete años después, le permiten concluir que hay indicios de que Celso Blanco fue ajusticiado por sus amigos. En el relato acusatorio que sostiene el auto de transformación en juicio oral, la instructora asume que ambos agentes, «de forma conjunta y planificada», sustrajeron seis armas del búnker de la comisaría y cuando estaban siendo investigados por ello, con el objetivo de conseguir su impunidad, «hicieron uso de una de ellas para propinarle un disparo en la cabeza a su compañero, atribuyéndole el envío de anónimos y la sustracción de pistolas».

El auto relata que los dos investigados desempeñaban funciones de importancia dentro de la comisaría y compartían con la víctima su querencia por el tiro. Pero todo se ensombreció con la llegada de un nuevo comisario y el cambio de roles: «Se vieron desplazados por otros compañeros y fueron trasladados de su puesto y privados del uso de la galería de tiro». En ese momento sitúa la juez la ideación de una trama, la de acusar a estos agentes del robo de las armas y de mala praxis, que se les fue de las manos. «Urdieron un plan que el fallecido conocía [...] pero temerosos de que su compañero terminara por confesar prepararon su muerte», asegura. A través de un extenso y detallado auto, la magistrada manifiesta que los dos hermanos «se sintieron menoscabados profesionalmente» y, al verse privados de todo ello, «trataron de perjudicar a los compañeros con los que tenían rivalidad profesional» y a los mandos policiales «por retirarles partes de las funciones». Por su parte, el fallecido «quería mejorar en su profesión» buscando el puesto de armero de la comisaría. La jueza traslada que, para conseguir su objetivo, los dos hermanos no tuvieron reparos en «crear rastros falsos de acceso a datos reservados con claves de otros policías para perjudicar los titulares» y, además, «accedieron al búnker sin autorización para llevarse seis armas y enviaron escritos anónimos a la unidad de Asuntos Internos». Todo esto fue atribuido por los gemelos a «otros policías», que acabaron siendo investigados a raíz de estas acusaciones infundadas y basadas en los celos profesionales.

Sobre el propio día del crimen, el 9 de abril de 2016, la magistrada desarrolla una detallada investigación con la que arma su acusación de cara a la celebración de un juicio por los delitos de homicidio/asesinato y de robo con fuerza. En su argumentación expone un buen número de cuestiones que dirigen la vista, directamente, a los pasos que los gemelos dieron ese día. En concreto, la instructora afirma que existen indicios de que uno de los dos hermanos agentes (B.D.) efectuó un único disparo a la cabeza de la víctima, la cual falleció de forma inmediata en un despacho de la quinta planta de la comisaría. Mientras, su gemelo, que lo había trasladado a las dependencias policiales, esperó a que se introdujese en el turismo para abandonar ambos las instalaciones. «Para evitar la investigación, trataron de simular un suicidio mediante la realización de un único disparo, la colocación del arma sobre la mano del fallecido, introduciéndola debajo del pantalón, manipulando el lugar en que se produce la muerte para asegurar la detección de residuos de disparo en la mano que efectúa el disparo, realizando el envío de un correo electrónico desde el correo del fallecido atribuyéndose la autoría de los anónimos y de la sustracción de las armas y realizando el envío de un mensaje desde el teléfono a un grupo de WhatsApp», asegura la magistrada, quien resalta que actuaron así «para hacer que las autoridades creyeran que su compañero había decidido acabar con su propia vida por sentirse culpable de lo sucedido».

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orense enumera entre los «hechos básicos y de singular potencia acreditativa» el hallazgo de ADN de los investigados en el papel con pólvora que fue localizado bajo el cuerpo sin vida del agente, así como que la vaina (parte del cartucho que contiene la carga de pólvora) encontrada junto al cadáver fuese idéntica a la hallada en las taquillas de los dos investigados. Además, la jueza destaca que la pólvora localizada debajo del cadáver y en el jersey que vestía el fallecido es «idéntica» a la hallada en el interior de un cartucho encontrado en las taquillas de los dos hermanos. El auto también resalta que la corredera del arma estaba abierta y sin cargador debajo del cuerpo, una circunstancia que señala que, tal y como indican los informes periciales, «no es posible», ya que «en el tiempo que transcurre desde el disparo hasta que le atraviesa la cabeza no es posible hacer movimiento voluntario alguno». Ante lo que ratifica: «No es posible sacar el cargador después de muerto».

Contra el auto, que pide que la muerte de Celso sea juzgada por un tribunal ciudadano, aún cabe recurso.