Dueños de VUT afean que Raxoi permita que fondos extranjeros abran pisos turísticos en la ciudad

Lo cierto es que la gestión de las VUT lleva años salpicando a los sucesivos gobiernos locales, desde el intento frustrado de vetarlas de Compostela Aberta con Martiño Noriega al frente, al cambio de normativa para limitarlas a pequeños reductos de la urbe, promovido por el socialista Xosé Sánchez Bugallo. La actual alcaldesa, Goretti Sanmartín, se abstuvo en esa votación y prometió a los afectados una solución que nunca llegó. En realidad, el actual gobierno pisó el acelerador para desterrar los pisos turísticos del mercado, imponiendo multas que pueden llegar a los 10.000 euros. Entre tanto, las plataformas de propietarios abogan por pelear caso a caso y resistir. «Lo que queda es el ámbito judicial y nuestro consejo a los propietarios es que siempre contesten a los requerimientos» indica Aguín.

Una mesa redonda celebrada en la capital hace unos días, en la que participaron expertos en materia judicial, dejó en evidencia «el escaso rigor jurídico aplicado por el Concello de Santiago al proceso de prohibición de las VUT». En el encuentro ofrecieron su visión sobre el polémico asunto profesionales del ámbito jurídico —caso del catedrático de derecho administrativo de la USC, Luis Míguez— que analizaron el papel del consistorio compostelano en el veto a los pisos turísticos. En opinión de los portavoces de Aviturga, la ausencia de una ordenanza que regule los usos preexistentes de las VUT (aquellas dadas de alta en el registro de la Xunta antes de la prohibición del gobierno Bugallo) responde a «una estrategia política de Sanmartín para eludir la demonización de este modelo de negocio sin que su prohibición le tuviese coste político alguno«.

De ahí, insisten los afectados, que Raxoi esté fundamentando sus decisiones en torno a la gestión de este tipo de viviendas —un millar en la ciudad— en informes jurídicos «cuando en realidad se trata de una decisión política». Sobre el camino que los propietarios perjudicados por la prohibición de los pisos turísticos en buena parte de la ciudad deben seguir, los expertos de la mesa pusieron de manifiesto la «inconsistencia» jurídica de los argumentos de la alcaldesa, y lanzaron un consejo claro, que mantengan «el pulso judicial» al Concello. «Lo ideal es que mantengan sus procesos abiertos y contesten a todos los requerimientos», insisten desde Aviturga.

La misma semana que se conoció que Galicia roza las 22.000 viviendas turísticas, que ofrecen cerca de 116.000 plazas de alojamiento, los afectados por las medidas del Concello compostelano defienden que el cierre forzado no está teniendo efectos en la bolsa del alquiler de la ciudad. Los mismos datos manejan desde la Federación de Empresas Inmobiliarias de Galicia, que niegan un efecto beneficioso en el mercado del arrendamiento, sobre el que Raxoi, sin embargo, insiste. Respecto al día a día de estos alojamientos, desde Aviturga matizan que todos los afectados que todavía no tienen orden de cierre ni están dados de baja del REAT están ejerciendo al tiempo que siguen defendiendo sus derechos en la vía judicial, «y así lo harán mientras no tengan una orden definitiva de cierre», amenazan. Por el momento, Santiago tiene a día de hoy unas 225 viviendas en alquiler, las mismas que antes de vetar las VUT, pero más caras.