Dueños de VUT acusan a Goretti Sanmartín de amparar a los «fondos buitre»

«Estamos ante una flagrante vulneración de derechos que roza la prevaricación. Goretti Sanmartín no duda en acosar a las familias santiaguesas que desde 2017 ofrecen sus VUT, correctamente registradas en el REAT de la Xunta, mientras facilita la entrada de grandes especuladores», critica Aviturga, que señala a los 'fondos buitre' como los principales beneficiarios de las políticas de la alcaldesa de la capital gallega.

En el comunicado, la asociación de propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) subraya como «especialmente grave» el hecho de que la alcaldesa prometiese antes de las elecciones que mantendría los usos preexistentes de las viviendas empleadas para este fin, a pesar de que posteriormente aprobó medidas como limitar a 60 días anuales esta actividad, el requisito de que tengan la condición de residencia habitual o la prohibición de su presencia en el casco histórico de Compostela.

Un prejuicio que está «ahogando económicamente a las familias ahorradoras santiaguesas para favorecer intereses empresariales ajenos a la ciudad, sin importarle las consecuencias devastadoras para la economía local», reclama Aviturga. La consecuencia, señalan desde la asociación, supone que centenares de propietarios sean expulsados del mercado de la vivienda -en algunos casos, tras invertir miles de euros en reformas para habilitar los inmuebles a esta actividad económica-, mientras se abre paso a que los fondos de inversión acaparen un mayor porcentaje de los inmuebles.

Por todo ello, desde Aviturga advierten que no se quedarán de brazos cruzados, y, ante la falta de «soluciones consensuadas», en aras de «arruinar» el patrimonio de 600 familias compostelana, acudirán a los tribunales si no rectifican inmediatamente su «política discriminatoria».

Una ofensiva judicial que incluirá reclamaciones patrimoniales contra el Concello de Santiago por los daños económicos y morales provocados a estos propietarios de viviendas. Denuncias que, en principio, se llevarán a cabo de forma individual por cada propietario afectado.

«La alcaldesa tendrá que responder ante los tribunales por este atropello. No permitiremos que 600 familias compostelanas sean sacrificadas en favor de los intereses de fondos extranjeros, a los que defiende el actual gobierno municipal», concluyó la presidenta de la asociación.