La Xunta remite los documentos que el TSXG obligó a entregar al exdiputado Antón Sánchez

En sus apenas cinco páginas, la propuesta de acuerdo —rubricada por la entonces conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás— se limita a recoger una serie de antecedentes de hecho previos a la fusión y una serie de consideraciones económicas y jurídicas, previas a la conclusión ya conocida: instar al Consello de la Xunta a autorizar la fusión de las cajas en noviembre de 2010 para el nacimiento de Novacaixagalicia. Pero ni asomo de informes contables o de reparos de legalidad a la operación , como durante meses ha estado alimentando Anova, fabricando alrededor del retraso en la entrega de estos documentos una sombra de opacidad y sospecha respecto a la fusión de las cajas.

El grueso del expediente de la operación fue entregado al Parlamento por la Xunta en 2013 : 34 cajas con 180 documentos y más de 30.000 folios de información de libre acceso para los diputados de la Cámara, aunque con la obligación de que no trascendiera su contenido, al referirse a datos de especial sensibilidad para la nueva entidad financiera, Abanca. Fuentes del gobierno gallego consultadas por ABC reconocen no entender por qué no se llegó a entregar esta documentación en su día a Antón Sánchez, dada su escasa trascendencia a efectos prácticos: no hace referencia a la due diligence de KPMG ni a la propia auditoría del Banco de España previa a autorizar la operación; ni tampoco recoge datos sensibles sobre las entidades previos a la fusión.

Entre los antecedentes, se mencionan el visto bueno a la operación de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de 29 de junio de 2010 — «a juicio del Banco de España, este proyecto cumple los criterios de solidez y racionalidad económica que se tienen que exigir a este tipo de operaciones» —, de la Comisión Rectora del FROB —dado que el plan de integración llevaba aparejada la compra de 1.162 millones de euros en participaciones preferentes de la nueva entidad por parte del Fondo— y de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. «Finalmente, y según lo previsto (...), la ministra de Economía y Hacienda [Elena Salgado] no manifestó oposición a esta operación ». Además, se recogían cronológicamente los pasos dados en el proceso de fusión: acuerdo de las asambleas generales de las entidades, solicitud formal a la Xunta y posterior ratificación por el Parlamento de Galicia.

El texto del acuerdo justificaba la necesidad de la operación por «el contexto de crisis financiera» y que llevaba «a una reestructuración del sector, a efectos de alcanzar tamaños y niveles de solvencia que permitan superar con éxito las dificultades que se prevén para los próximos ejercicios» . Entre los beneficios de la fusión se glosaban la «reducción de costes de financiación» y «de estructura», la «generación de resultados de su actividad financiera suficientes» para cubrir «el deterioro previsto para los próximos años en su cartera crediticia y en las inversiones en activos inmobiliarios» y un incremento en la solvencia «para afrontar los retos que supone la nueva normativa que se va a derivar de la aplicación en Europa de los criterios de Basilea III. «En concreto, se prevén alcanzar unos niveles de solvencia muy superiores a las exigencias del nuevo acuerdo de Basilea III», recogía el acuerdo aprobado.

En uno de los puntos se hace constar que, tres días antes de esta comisión de secretarios generales de once de noviembre de 2010, «el director general de supervisión del Banco de España, por delegación de su Comisión Ejecutiva, acordó no formular objeciones al proyecto de fusión» considerando «la solvencia, rentabilidad y liquidez de la nueva entidad», así como que «los costes asociados al proyecto son asumibles por la nueva caja y que la operación generará sinergias por reducción de gastos y economías de escala con el consiguiente incremento de eficiencia y rentabilidad». El mismo Gobierno de España que en noviembre de 2010 avalaba la fusión fue el que a comienzos de 2011 aprobó un nuevo decreto de reforzamiento del sector financiero en el que se elevaban las exigencias de solvencia, que obligó a Novacaixagalicia a crear Novagalicia Banco. Poco tiempo después, la entidad que entonces dirigía José María Castellano se vio forzada al rescate por parte del FROB con una inyección total de casi 9.400 millones de euros. La operación concluyó con la venta de Novagalicia Banco en subasta en 2013, cuando la compró Juan Carlos Escotet a través de Banesco por 1.003 millones de euros .

Por último, en la propuesta de acuerdo se ponía en valor que «ninguna de las entidades está en liquidación» y que la fusión no generaba «perjuicios» para «la garantías de impositores o acreedores» por cuando «la solvencia de la entidad va a reforzarse con la fusión». Este fue el acuerdo que aprobó el Consello de la Xunta el 18 de noviembre de 2010, y que fue publicado en el DOG del 3 de diciembre de ese mismo año.