La Xunta prepara un alegato ante la suspensión del catálogo de medicamentos

La ejecución del catálogo queda ahora bloqueada, ya que la decisión implica la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición de la réplica —11 de febrero de 2011— para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la paralización temporal en el Boletín Oficial del Estado para los terceros, extremo que se comunicará a los presidentes de la Xunta y del Parlamento. La Abogacía del Estado se pronunció, hace un mes, en contra de los preceptos 1 a 4 de la Ley de Racionalización del Gasto Farmacéutico, y de las disposiciones adicionales primera y segunda de esta norma. Esta ley, que impulsa la creación del catálogo gallego, establece que la administración de la Comunidad sufragará únicamente, entre principios activos equivalentes, el de menor coste.

En el plazo de quince días, la Xunta puede formular las alegaciones que estime convenientes, que los servicios jurídicos del gobierno de Núñez Feijóo ya preparan.

La conselleira de Sanidad, Pilar Farjas, había pedido el pasado jueves a la ministra del ramo, Leire Pajín, la retirada del recurso a fin de evitar la suspensión que ayer se concretó. Farjas llegó a mantener en Madrid una reunión con Pajín para tratar de alcanzar un acuerdo político que evitase la judicialización del catálogo. Obviamente, la entrevista no ha tenido éxito.

«La decisión del Gobierno va en contra de la voluntad de los gallegos, de los responsables políticos, y contra las instituciones; y de la voluntad de los pacientes y de los médicos, por lo que invito a que se siga prescribiendo la alternativa que resulte más eficiente», aconsejaba ayer Farjas a los facultativos.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad incidía ayer en que «la suspensión devuelve a los ciudadanos de Galicia la igualdad de condiciones respecto del resto de los españoles en cuanto al acceso a los mediamentos que sufraga el Sistema Nacional».

El presidente del Colegio de Médicos de La Coruña, Luciano Vidán, ya comentó que esta determinación «no modifica el deber moral del facultativo», en declaraciones a Ep, y agregó que desde el punto de vista científico no le ven al catálogo «ninguna pega, así como tampoco desde el punto de vista ético, porque los médicos tienen el deber moral de realizar una prescripción eficiente, ya que paga la administración», apostilló ayer.

En Galicia, el BNG mostró su preocupación por la suspensión (apoya el catálago, que fue aprobado por una amplia mayoría en la cámara parlamentaria gallega). Mientras, el PSOE censuró que Farjas apele ahora a la conciencia de los facultativos.