El urbanismo de Orense, a juicio con veinte años de retraso

La causa llegó al juzgado en el año 2014 , a raíz de la denuncia interpuesta por la también exconcejala socialista Áurea Soto, quien acusó al gobierno orensano de eximir presuntamente a constructores y promotores de la ciudad de la entrega al patrimonio municipal del 10% del suelo en quince proyectos de compensación en suelo urbano no consolidado y que, según cifra el Ministerio Público, privó al Ayuntamiento de ingresar a las arcas públicas 1,6 millones de euros.

El fiscal jefe de aquel entonces, Florentino Delgado, ordenó archivar el caso, pero finalmente el órgano judicial decidió abrir un expediente disciplinario contra él por un supuesto abuso de autoridad y retrasos injustificados en la investigación. La propia Fiscalía General del Estado tomó cartas en el asunto apartándole del caso de las exenciones urbanísticas por entender que quedaba comprometida su imparcialidad y designó nuevo fiscal. En paralelo, el exregidor pidió la recusación de los magistrados de la sección penal de la Audiencia poniendo en duda su imparcialidad.

Casi veinte años después, la causa ha llegado finalmente a la Audiencia Provincial , con Cabezas y Campo Labrador en el banquillo de acusados para responder por su gestión. Los dos políticos respondieron únicamente a las preguntas formuladas por la fiscal y de sus respectivos abogados. No así a la acusación popular. Durante el juicio, Cabezas defendió su gestión y aseguró que todos los expedientes contaban con «todos los informes favorables» técnicos y jurídicos a la vez que subrayó que «nadie» le advirtió de que podría estar «haciendo algo mal». Él, afirmó, se limitó a «votar las propuestas que elaboraban los técnicos ». Aunque «nos pudimos equivocar», abundó.

Cuando llegó al ayuntamiento, tras lograr mayoría absoluta en 1995, el exregidor se encontró con un dictamen de 1994, con Manuel Veiga Pombo (PSOE) como alcalde, que permitía dichas exenciones . Durante esos años, distintas Leyes del suelo, tanto gallega y estatal de 1997 y 1998, acordaban la realización de cesiones de suelo al patrimonio municipal. Pese a todo, Cabezas —ingeniero de profesión— manifestó que «jamás» le advirtieron de que era necesario cambiar la forma de actuar, ni los técnicos ni tampoco los grupos de la oposición. «No tenían forma de saber que el cambio de ley afectaba a esos expedientes porque estaban informados favorablemente por Urbanismo y los técnicos», esgrimió. Se limitaba a «dar el visto bueno», insistió.

Campo Labrador insistió en que «no podía obviar el acuerdo plenario» y apunto que siguió «los criterios del secretario general, era la persona más versada en temas del ayuntamiento. Ningún concejal ni el secretario me dijo que había que cambiar el criterio», comentó el exconcejal, quien reivindicó que «jamás en mi vida he llevado a comisión un expediente que tuviese un informe desfavorable». La Fiscalía investiga si Cabezas actuó «en connivencia» con el concejal de Urbanism o desde septiembre de 1999 a junio del año 2004, «a sabiendas» de la inaplicación del acuerdo aprobado en el Pleno de fecha 15 de diciembre de 1994, «por un ánimo de enriquecimiento injusto» y les pide la cantidad de 1,57 millones —para Cabezas— y 1,19 millones para el exconcejal por su actuación. Cuestiona que en ninguno de los quince proyectos de compensación (en suelo urbano no consolidado) aprobados no se exigiese la cesión del 10%, «pese a ser preceptiva».

La Justicia tendrá que dilucidar si ambos expolíticos incurrieron en posibles ilegalidades por no exigir dicho porcentaje , entre 1997 y 2002, que ya contemplaba la Ley del Suelo autonómica. Pese a estar actualmente alejado de la vida política, Cabezas es todavía una figura reconocida e incluso su nombre llegó a sonar varias veces en las quinielas para encabezar una candidatura con el PP en procesos electorales.