Suspenden el contrato de Vigo en el que iban a colocar a Comesaña, uno de los condenados del 'caso cuñada'

Según el relato recogido por el portavoz popular Alfonso Marnotes en su denuncia, Comesaña fue reubicado dentro de la empresa, pasando de ser apoderado a simple encargado . El motivo habría sido que, de ese modo, podría eludir la pena de inhabilitación absoluta impuesta por la sentencia condenatoria, ratificada por el Tribunal Supremo en diciembre del pasado año . La Ley de Contratos del Sector Público establece que esta inhabilitación se aplica a «administradores y representantes» que hubieran sido declarados «penalmente responsables». De seguir de apoderado, le afectaría plenamente.

Además, considera que ubicar a Comesaña dentro de las «tareas de mantenimiento» esconde otro subterfugio: garantizar su subrogación con la próxima adjudicataria del servicio de alumbrado, una situación recogida por la normativa de contratación en el sector público. Para Marnotes, esta jugada es «un fraude de ley», que además esconde un sobrecoste encubierto .

Según el informe de 'personal subrogable' elaborado por la actual concesionaria, uno de los puestos de encargado —el que ocupa Comesaña— tiene un complemento personal de 65.207 euros, al que se sumaría el salario base. El convenio colectivo de empresas siderometalúrgicas de Pontevedra fija en 21.971 euros el salario para esta categoría profesional. «¿Por qué recibe más del triple de su salario en un complemento personal?» , se pregunta el PP en su recurso, recordando que esto encarece en cien mil euros el coste del contrato. Los populares señalan al Concello por ser conocedor de esta situación, y «no solo no le pone remedio sino que lo acepta sin reservas». Sin explicitarlo, Marnotes recuerda que Comesaña guardó siempre silencio respecto a quién dio la orden desde el gobierno local de enchufar a Vanesa Falque en Imesapi. En el aire, la sospecha de que se blinda a un condenado por corrupción para evitar que rompa el mutismo que mantuvo hasta la fecha.

La decisión del TACGal no entra en el fondo del asunto, pero recuerda que este tipo de recursos especiales permite «la corrección de las posibles infracciones de los poderes adjudicadores en una etapa en la que estas pueden ser todavía corregidas, de ser el caso». No obstante, el procedimiento de licitación no verá afectados sus plazos «para la presentación de ofertas o proposiciones por parte de los interesados». Contra la resolución del TACGal no cabe presentación de recurso, al menos hasta que esta aborde el contenido de la denuncia.

A través de un comunicado, el gobierno local de Vigo afirmó que la suspensión cautelar de este tipo de procedimientos se aplica «de forma automática en estos casos», y rechaza que el TACGal dé la razón al PP con su decisión . «El PP de Vigo se sitúa en la mentira de forma reiterada y como sigan mintiendo de este modo, van a conseguir cero concejales en las próximas elecciones municipales».