Ence cifra en 800 millones el traslado de la planta de Lourizán

Ya antes de que la Audiencia Nacional se pronunciase, Ence había calculado cuánto le costaría abandonar la ría de Pontevedra. En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en mayo de 2019, estimaba que el cierre de la factoría tendría un impacto de 185 millones de euros en sus cuentas . De ellos, 43 millones corresponderían a las actuaciones de desmantelamiento, 16 millones a la cancelación de contratos en vigor y 15 millones al coste de un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción total. La cifra restante, de 111 millones, respondería al deterioro del activo.

Ence está a la espera de los recursos presentados y todavía no ha dado pasos para cerrar la fábrica de pasta de papel que se alimenta de la madera de eucalipto que le suministran cada año unos 20.000 propietarios forestales en Galicia. Si el Tribunal Supremo falla a su favor, la actividad podría continuar. Si no lo hace, todo parece indicar que Ence no invertirá los 800 millones necesarios y pondrá fin a más de 60 años de producción en Galicia. Su alternativa pasa por ampliar las instalaciones que ya tiene en Navia (Asturias).

Tras conocerse el fallo de la Audiencia Nacional, las administraciones central, autonómica y local, junto a la empresa y los representantes de los trabajadores, constituyeron una mesa de trabajo para tratar de buscar soluciones. La primera reunión se celebró el 21 de abril y en ella la pastera se comprometió a buscar un emplazamiento alternativo. En la segunda y última cita, celebrada el 9 de septiembre, la empresa presentó el informe en el que se asegura que no hay disponibilidad en Galicia . Ence sostiene que necesita contar con un caudal suficiente para captar el agua que precisa en su proceso productivo y también una masa de agua grande que pueda asumir su vertido. Además, necesita estar ubicada en una zona con madera cercana; contar con líneas eléctricas que permitan importar y exportar energía; tener cerca infraestructuras viarias que soporten el tráfico pesado; y estar próxima a un puerto para distribuir su producto por vía marítima a toda Europa.

Los argumentos de la empresa siguen sin convencer al Gobierno central o al Ayuntamiento de Pontevedra, que le piden un traslado. «Si no fuese posible otra localización, Ence no tendría ninguna otra factoría en España», ha subrayado el secretario de Estado para la Transición Ecológica, Hugo Morán. La institución municipal fue, junto a Greenpeace y la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), la que puso la denuncia contra la prórroga de 2016, dos años antes de que caducase la concesión de la pastera. La Xunta defiende que Ence debe quedarse donde está, pese a la sentencia de la Audiencia Nacional. La plantilla está dividida. El comité de empresa de fábrica, en manos de la CIG, apuesta por la continuidad del empleo si es en Pontevedra mejor, pero si no en algún otro lugar. El de oficinas, con CCOO al frente, se alinea con las tesis de Ence y defiende de manera férrea que la pastera no puede trasladarse.

Desde CCOO se muestran convencidos de que el Tribunal Supremo revocará la sentencia. Pero por si acaso, en la última reunión de la mesa plantearon una posible alternativa para que Ence no se traslade. «Tenemos una solución para evitar la hecatombe porque destruir empleo es muy fácil, pero construir, no» , indica Ana Cedeira, presidenta del comité de oficinas. La idea del sindicato es que los terrenos de la factoría se adscriban al Puerto de Marín . El responsable de organización comarca de CCOO en Pontevedra, José Luis García Pedrosa, explica que el Puerto de Vigo, por ejemplo, cuenta con terrenos propios en otros ayuntamientos como Cangas o Moaña en los que se instalan todo tipo de industrias, incluso conserveras, que tampoco tendrían que estar pegadas a la costa. García Pedrosa reconoce que desde que se otorgaron estas concesiones la legislación ha cambiado, pero se muestra convencido de que, debido a la importancia para el tráfico portuario de Marín, es viable que los terrenos de Ence pasen a formar parte de sus dominios.

La pastera exporta la práctica totalidad de su producción de la fábrica de Lourizán por el Puerto de Marín. Con una media de 400.000 toneladas al año, «estaríamos hablando de un 19% del tráfico portuario total y hasta un 60% del tráfico de mercancía general convencional (la no contenerizada)», recordó el presidente de la autoridad portuaria, José Benito Suárez Costa, según informó la institución. La Xunta apoya la tesis de CCOO y ya ha empezado a moverse para ver si es una opción legal.

El pasado martes el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, desvelaba que, tras preguntarle al Puerto, éste se había mostrado ya favorable a la adscripción de los terrenos. A finales de septiembre los conselleiros de Economía, Francisco Conde, y Emprego, María Jesús Lorenzana, trasladaban su apoyo a la propuesta de los trabajadores. La Xunta quedó en remitir la propuesta al Consello Consultivo para que elabore un informe en el que analice si la solución entraría dentro de la legalidad. Según la Xunta, en el dominio público de un puerto se encuentra la «zona de servicio», que incluye espacios en tierra y agua necesarios para el desarrollo de usos portuarios. En esta zona pueden incluirse los que correspondan a las empresas industriales o comerciales cuya localización en el puerto esté justificada por su relación con el tráfico portuario, por el volumen de tráficos marítimos que generan o por los servicios que prestan. «La factoría de Ence cumple todos estos requisitos», sostiene la Consellería de Economía.

La Asociación pola Defensa da Ría también ha enviado una carta al presidente del Consultivo. En ella, le manifiesta el «desasosiego que produce ver como el Gobierno que preside o Sr. Feijóo pretende utilizar» la institución para «favorecer los intereses puramente privados de una empresa olvidándose del interés general de la ciudadanía». La APDR considera que la adscripción a los terrenos portuarios no es más que un «intento inaceptable de buscar, a toda costa, caminos con los que burlar las sentencias de la Audiencia Nacional, en el probable caso de que estas se confirmen» . La asociación pide que en cuanto sean firmes se ejecuten y la ciudadanía de Pontevedra pueda volver a disfrutar de un espacio público que, en su opinión, nunca debió de acoger la pastera que sepultó un importante banco de marisqueo.