Santiago dice basta y veta nuevos pisos turísticos durante un año

El concello de Santiago puso este jueves la primera piedra para tratar de combinar la vivienda residencial y la turística con la suspensión de un año de licencias a los nuevos alquileres turísticos , de forma que se puedan hacer los estudios y análisis necesarios para regular este tema en la ciudad, modificando el PXOM para poder afrontar este proceso regulatorio. La idea, planteada desde el Gobierno socialista de Xosé Sánchez Bugallo, encontró el voto positivo de los grupos Compostela Aberta y del BNG y la abstención del PP.

El propio alcalde quiso calificar la aparición de estos pisos como una «explosión». Si bien ya existe un freno a la emergencia de este tipo de viviendas en el casco histórico, otros barrios como el del Ensanche viven un problema cada vez mayor. En el registro oficial de la Xunta existen actualmente 641 viviendas . Y eso solo refleja lo legal, ya que se conoce que existen multitud de ellas que operan de manera ilegal. Para ello, explicó la concelleira de Urbanismo e Vivenda, Mercedes Rosón, se está iniciando un «programa específico de inspección y control», ya que la suma de las ilegales y las legales provoca la «alteración» del mercado del alquiler e incluso podría superar la cifra de plazas hoteleras de la ciudad. En cuanto a la justificación de dejar un año esta moratoria para poder alcanzar una regulación, Rosón explicó que «esto no se puede hacer en dos, tres o en cinco meses», lo que sirvió de respuesta a una oposición que reprochó al Ejecutivo socialista este plazo.

Por otra parte, recordó el alcalde que en la actualidad existen 80 solicitudes en tramitación de nuevas viviendas turísticos , por lo que esta suspensión, a su modo de ver, se antoja necesaria para frenar un efecto llamada ante una inminente regulación más restrictiva. Con todo, incidió Bugallo, los pisos turísticos y las actividades residenciales deben «convivir». También se habló de la necesidad de colaborar con la Xunta, que tiene las competencias del lado turístico , es decir, a la hora de controlar e inspeccionar estos alojamientos, aunque los concellos tengan las facultades en el lado urbanístico. El PP rechazó que se echen las culpas a la Xunta por el problema de estas viviendas, al menos de manera exclusiva, corresponsabilizando sobre esta situación a la parte autonómica y a la municipal. La oposición fue muy crítica con el Gobierno de Feijóo, al que Compostela Aberta acusó de «dejación de funciones».

Así pues, la izquierda apoyó, aunque de manera crítica, esta propuesta. La concelleira de Compostela Aberta Marta Lois calificó la medida de «urgente y necesaria», aunque señaló que «llega tarde» , remarcando que desde su partido se hicieron propuestas sobre este tema cuando gobernaban que no fueron bien acogidas, tampoco desde el PSdeG o el BNG. «Hay problemas de convivencia, vaciamiento del casco histórico y encarecimiento del mercado del alquiler:es un derecho social que se convierte en un recurso escaso», señaló para añadir que se ha formado «una burbuja» .

Goretti Sanmartín, del BNG, también mostró el voto a favor de su formación, aunque se preguntó qué «se hizo» durante los últimos meses, ya que esta propuesta «llega tarde». Hizo la concelleira nacionalista una mención a las viviendas vacías existentes en la ciudad, aunque desde la bancada del Gobierno Rosón explicó que este elemento «no puede darse como solución».

El PP, por su parte, y aunque no se mostró en contra de la existencia de una regulación de estos alquileres , sí que expresó durante el Pleno municipal, que se celebró este jueves en el consistorio compostelano, que se había realizado un «mal diagnóstico», obviando «las verdaderas causas de la escasez de viviendas en régimen de alquiler» y las viviendas vacías. También destacó las «excepciones intolerables» como la de un edificio, el del Peleteiro, donde se permitirá «la construcción de un hotel»o viviendas turísticas, mientras hay un operador, afirmó el concelleiro Alejandro Sánchez Brunete, que no podrá construir un hotel de cuatro estrellas en la ciudad por esta suspensión. En definitiva, han sido seis meses «de indecisión, de titubeos, de ensimismamiento», que desembocaron en la abstención popular.