'El rey de las orquestas' se salva: pena menor de cárcel y multa de 320.000 euros

Los magistrados desmontan así la tesis de los peritos de Hacienda, que siempre sostuvieron que Representaciones Lito SL se encargaba de la organización de las actuaciones y cobraba directamente por ellas a ayuntamientos, comisiones de fiestas o discotecas, y que por tanto el fraude a las arcas públicas era millonario. Sin embargo, la Audiencia se apoya en los testimonios introducidos en el plenario por distintos agentes de zona y un perito de la defensa, según los cuales «la intervención de Representaciones Lito SL es nula». «Los contratos evidencian, además, que el obligado al cumplimiento, quien responde, es el agente de zona; él es quién se compromete ante el organizador del evento a que se realice la actuación musical y, por otro lado, responde ante las orquestas del cobro de la contraprestación». « En ningún lugar consta que exista una relación entre las orquestas », la empresa «y los organizadores», sostiene la sentencia.

El hecho de que la sociedad de ‘Lito’ emitiese facturas por todos los conceptos propios de un concierto es, para los jueces, un simple formalismo de cara a la contratación ante las administraciones públicas por imperativo de la normativa vigente y las exigencias que imponía. Los músicos no cobraban de la empresa , insisten, sino de los agentes de zona, que se quedaban su comisión y entregaban otra parte a ‘Lito’ por la labor de asesoría y coordinación que les hacía.

En segundo lugar, la Audiencia discrepa de la cuota defraudada, como también hizo la Fiscalía en su cualificación alternativa de los hechos. Donde aparecían 50 millones de euros ahora solo figuran 2,3 , precisamente al descontar cantidades que no eran percibidas por Representaciones Lito SL. «Descontados los gastos que el Ministerio Fiscal considera acreditados, daría lugar a una cuota tributaria defraudada de 150 804,091 euros», resume el fallo.

Aplicando la atenuante de dilaciones indebidas, la Audiencia condena a ‘Lito’ a 27 meses de prisión y una multa de 320.000 euros. Además, se impone a su empresa una sanción de 340.000 euros y la imposibilidad de percibir subvenciones y ayudas públicas por espacio de tres años. Los magistrados desecharon la alegación planteada por los abogados del principal acusado respecto a la incapacidad de este para ejercer su derecho a la defensa. La sentencia reconoce que Martínez «tenía aminoradas sus capacidades de comprensión y de expresión, pero no limitadas», lo que «no le impedía preparar su defensa antes del juicio ni durante este». Por último, reclamaron la nulidad del registro practicado en las oficinas de la empresa, donde se encontró la documentación que ha servido para armar la causa. Los magistrados consideran anulable toda aquella que excede a las previsiones recogidas en el mandato judicial, pero que el material restante sí tenía plena validez para su uso en la instrucción.