El Marisquiño, a la espera de dictamen

«Parece que los socialistas tienen mucho que ocultar, porque no se recuerda un precedente de tanta opacidad y boicot», explica en conversación con ABC el diputado del PP Alberto Pazos . Para los populares, la principal conclusión que se extrae de la comisión de investigación del Marisquiño es el incumplimiento por parte del Concello de Vigo de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes al evento. Según Pazos, la gestión del ayuntamiento vigués en este asunto fue una «chapuza integral», no solo porque —argumentan— no se llevaron a cabo las tareas de mantenimiento del muelle accidentado que el convenio «Abrir Vigo al Mar» derivaba en el consistorio, sino por todo lo que rodeó al expediente y la licencia para la celebración del festival. «Tenemos fundadas sospechas de que se ha alterado el expediente municipal del Marisquiño para crear una apariencia de expediente que no es real, que no era el que existía. Se han metido documentos sin registro, sin control administrativo para intentar justificar que se tomaron previsiones que no se tomaron y eso nos parece muy grave», relata el parlamentario.

Precisamente, en cuanto a otro de los debates centrales durante el transcurso de la comisión, el de la necesidad de introducir modificaciones en la Ley de Espectáculos para clarificar la responsabilidad de cada administración pública, Pazos sentencia que el problema del siniestro que causó 460 heridos el pasado mes de agosto «no fue la redacción» de esta normativa, sino su «incumplimiento» , ya que el texto legal fija que es la institución que otorga la licencia —el Concello en este caso— quien debe revisar las estructuras sobre las que se celebra cada actividad.

No comparte esta visión la diputada de En Marea y representante de la formación rupturista en esta comisión, Carmen Santos, que subraya que si algo ha demostrado el accidente del Marisquiño es la necesidad de modificar la normativa de espectáculos. En este sentido, Santos avanza a este diario que sus propuestas en esta comisión pasarán por presentar una «batería de enmiendas» a esta norma para dotar a la Xunta de una mayor «capacidad de supervisión y control» en caso de que no quede claro qué administración se debe hacer cargo de estas tareas. A su entender, «no existe un marco competencial claro», ya que aunque en este caso era el Concello el encargado de otorgar licencia al festival, fue la Autoridad Portuaria la que concedió una autorización de uso previa de ese espacio. «Pediremos que en vez de pelear [las administraciones implicadas] se sienten para establecer un marco claro», concreta Santos.

Del mismo modo, desde el BNG el diputado Luís Bará avanza que las propuestas de su formación estarán dirigidas a «mejorar» la actual legislación de Espectáculos públicos. Entre las reformas que solicitarán los nacionalistas destacan la redacción de un «manual para la gestión de la calidad de festivales y eventos» para mejorar la organización de los mismos, así como la necesidad de «extremar la vigilancia» sobre la redacción de los planes de autoprotección, después de que en la comisión parlamentaria se constatase que este documento presentado por parte de los organizadores del Marisquiño era un «corta y pega».

Tanto populares como rupturistas y nacionalistas coinciden a la hora de destacar el «error» del PSdeG al desmarcarse de este ente parlamentario y «obstaculizar»el trabajo de la comisión. Aunque los cargos del Concello de Vigo amenazaron con no acudir a declarar al Parlamento en calidad de comparecientes, finalmente tanto el alcalde Abel Caballero como el resto de miembros de su gobierno acudieron a la llamada de la Cámara autonómica ante la posibilidad de enfrentarse a responsabilidades penales. Así, solo dos de los 30 comparecientes optaron por dar «plantón» a la comisión: el secretario municipal de Vigo y la presidenta de Puertos del Estado.

Sin embargo, los grupos parlamentarios lamentaron decisión del Gobierno local vigués de negar el acceso a documentación solicitada por parte de los participantes en la comisión en un gesto que las formaciones perciben como un ataque a la «colaboración leal» que debe regir la relación entre administraciones públicas.