Los juzgados rechazados por el Ministerio en Lugo y Santiago aliviarían una carga del 150%

En el encuentro celebrado entre ambas instituciones, el TSXG avaló con datos la «sobrecarga» de trabajo que en estos momentos padecen las salas de lo Social en Santiago, con un 151%, y Lugo, con un 148%. En el caso de Vigo, el volumen es aún mayor (165%), pero también es la única de las tres capitales que estrenará nuevas dependencias tras la resolución emitida el pasado jueves por la Dirección General de Justicia.

Pese a que la petición formulada al Gobierno ya había sido enviada en diciembre, la Xunta y el TSXG creen que los juzgados son ahora «mucho más necesarios» que entonces, al disponer de los datos de carga de trabajo correspondientes al último trimestre de 2018. Sin embargo, presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, aclaró que «no solo los números avalan» la apertura de los dos nuevos juzgados, sino que están respaldados además por un argumento «cualitativo». «Atienden cuestiones de absoluta urgencia, de primera necesidad y en muchos casos de subsistencia», subrayó.

Tampoco pasa desapercibida la indignación despertada por el Ejecutivo entre los ayuntamientos o los colegios oficiales de abogados, como se encargó de recalcar ayer Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta y responsable de las competencias de Justicia en Galicia. «Esperamos que a la vista de los datos y de todo este clamor que se suscitó en muy pocos días sirva para que el Ministerio de Justicia se dé cuenta de que estos son los órganos más necesarios, máxime cuando sería la Xunta la que correría con todos los gastos», informa Efe.

De hecho, Rueda aseguró no tener «inconveniente» en poner en marcha la apertura de hasta cinco nuevas dependencias, en lugar de las tres de lo Social que se consideran prioritarias.

Por otro lado, a la lista de instituciones contrarias a la postura de Justicia se sumó ayer el Ayuntamiento de Lugo y las voces de los abogados y los procuradores de la Comunidad. En la capital lucense, los seis grupos con representación en la corporación (PP, PSOE, Lugonovo, Ciudadanos, BNG y AGE) aprobaron una declaración institucional en la que lamentaron «la excesiva carga de trabajo» en unos juzgados, los de lo Social, que gestionan «una media de 1.150 asuntos anuales» y que «atienden reclamaciones de salarios, indemnizaciones o cuestiones que vulneran derechos fundamentales».

Mientras, desde el Colegio de Abogados de Lugo, lamentaron que las explicaciones ofrecidas por el Gobierno para abrir un nuevo juzgado en Vigo, «no responden a nada lógico». «Los juzgados que más problemas presentaban eran los de Lugo y Santiago pero se lo dieron a Vigo», recalcó Félix Mondelo, responsable del Colegio y presidente del Consello da Avogacía Galega.

A los abogados se suman también los procuradores de Santiago. La negativa del Ministerio, sostienen, es «difícil de asumir». A través de un comunicado, Fernando González-Concheiro, que también preside el Consello Galego de Procuradores, advirtió que en los juzgados de lo Social se tramitan «asuntos muy delicados» que afectan por ejemplo a las pensiones: «Más de tres años de espera por un juicio es inadmisible, no podemos seguir así».