Un informe público anual medirá el coste de la crianza en la Comunidad

En una apuesta por que la demografía atraviese el diseño y desarrollo de todas las políticas públicas, la norma establece un nuevo requisito a la regulación elaborada desde la Xunta, de modo que todos los proyectos de ley, decretos o documentos de planificación sectorial que tramite la Administración autonómica tendrán que incorporar un análisis del impacto demográfico que deberá ser remitido a la Consellería competente en materia demográfica para su estudio y emisión de sugerencias. En línea con esta exigencia transversal de observancia al reto demográfico, el texto aprobado por el Consello de la Xunta contempla la obligación de que los presupuestos de la Comunidad incluyan un capítulo específico en su memoria sobre el gasto en las políticas activas de dinamización demográfica. En el diseño de esas políticas tendrá peso asimismo otra de las acciones reguladas en el anteproyecto: la encomienda al Observatorio Galego de Dinamización Demográfica de un informe anual sobre el coste de la crianza y educación de los hijos en Galicia hasta su emancipación. Dicho documento, prevé el anteproyecto, «servirá de referencia a las administraciones públicas gallegas para el diseño de sus políticas en materia demográfica, que se adaptarán progresivamente en función de las disponibilidades presupuestarias a la realidad económica de las familias en Galicia». Al respecto de la disponibilidad de fondos, la diposición adicional primera regula un crecimiento mínimo del presupuesto autonómico para políticas de familia , de modo que, dentro del «necesario respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera», la inversión en este tipo de acciones tendrá que crecer durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de la ley al menos un 50% más que el alza en términos porcentuales que cada año registre el gasto no financiero del presupuesto general de la comunidad autónoma.

En el terreno de los incentivos a la empresa privada para fomentar las buenas prácticas en materia de conciliación, el Gobierno gallego apuesta por premiar la sensibilidad de las compañías con la vida personal de sus trabajadores otorgándoles mayor puntuación en los concursos públicos convocados por la Administración autonómica. En concreto, según prevé el artículo 52 del anteproyecto, de este apartado dependerá como mínimo el 10% de la puntuación máxima que pueda asignarse a cada oferta . Excepcionalmente, y en casos que deberán quedar debidamente motivados en el expediente, el porcentaje de puntuación ligado a este compromiso con la conciliación podrá ser inferior al 10%, si bien, nunca podrá bajar del 5%.

Para la valoración de este criterio, regula el texto, se tendrá en cuenta la existencia en la empresa de un plan de conciliación o de igualdad que avance en medidas de flexibilidad horaria y espacial, por ejemplo, así como estar en posesión de la «Marca Galega de Excelencia en Igualdade» un distintivo equivalente, como el «Certificado de Empresa Familiarmente Responsable» . También puntuarán aquellos pactos o acuerdos en la materia suscritos por la empresa con su plantilla. La puntuación máxima atribuible a este criterio se asignará en función de la intensidad y la calidad de la medidas, reservando a los distintivos y sellos específicos citados más arriba el máximo peso.

Como parte de la estrategia para sumar al sector privado a la apuesta colectiva por la protección de la vida familiar, la Xunta promoverá la adopción por parte de las empresas de medidas de flexibilidad horaria y espacial habilitando programas de información, asesoramiento y tutorización que podrán ir acompañados de líneas de ayudas para colaborar en los gastos empresariales derivados de la implantación de medidas de conciliación.

De modo directo, la norma compromete el esfuerzo sostenido de la Administración pública en la habilitación recursos para la conciliación , tales como plazas suficientes en escuelas públicas de 0 a 3 y subvenciones equivalentes para asegurar el acceso de las familias a plazas privadas. En este apartado también se incluye el refuerzo de las ayudas para la contratación puntual de horas de cuidado a domicilio para apoyar a los hogares en casos de enfermedad del menor o del cuidador habitual, y de servicios externos de ludoteca, como cobertura para las familias.

En este terreno, con la intención de facilitar la ampliación de horarios de atención en escuelas infantiles de 0 a 3 años, el anteproyecto introduce en su disposición final primera una modificación del Decreto 329/2005 que regula en la Comunidad los centros de menores y los centros de atención a la infancia . Con arreglo a esta modificación, se suprime la exigencia de titulación para el personal de apoyo «en los supuestos en los que, por tratarse del inicio o final de la jornada diaria, permanezcan en el centro menos de cinco niños/as».