Alberto Núñez Feijóo durante la presentación del proyecto legislativo
Reto demográfico

Galicia blinda su inversión en familia y programa acciones por valor de 700 millones/año

El Gobierno de Núñez Feijóo aprueba el anteproyecto de ley de impulso demográfico. La Xunta se personará en los juicios de discriminación laboral por razones de maternidad y ligará parte de los fondos a los ayuntamientos a inversiones en apoyo a la natalidad. «Aquí hay que moverse», defiende el mandatario autonómico urgiendo pasos a todas las administraciones

Santiago Actualizado: Guardar
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Cuatro de décadas de saldos vegetativos negativos y una caída sostenida de nueve años en sus cifras de nacimientos convierten a Galicia en avanzadilla del reto demográfico que se cierne sobre España y Europa y no dejan espacio para la inacción. «Aquí hay que moverse», resumió este jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reclamando una actuación decidida de todas las administraciones y poniendo por delante los movimientos de su ejecutivo: Galicia será la primera autonomía en remitir a su Cámara legislativa un proyecto normativo para blindar por ley las inversiones en políticas de familia. «No queremos ser el exponente del problema demográfico sino un referente en la toma de soluciones», afirmó el presidente gallego tras la reunión semanal de su gabinete, subrayando que «un gobierno que piense en el futuro tiene que tener la demografía en sus prioridades».

El proyecto legislativo aprobado por la Xunta define un «campo de juego» en el que se incluyen medidas de nuevo cuño y otras ya en marcha que ahora quedarán blindadas con su inclusión en el articulado. Así, junto a acciones como el refuerzo de la Tarxeta Benvida, en marcha desde 2016 en forma de ayudas económicas por hijo (que ahora se aumentarán en el rural), se activan acciones novedosas como la personación de la Administración gallega en los juicios por discriminación laboral por razones ligadas a la maternidad/paternidad (a la imagen del procedimiento que ya aplica la Xunta como acusación particular en los casos de violencia machista) o la creación de un sello de empresas comprometidas con la conciliación. El texto ata el compromiso de elevar año a año la inversión del Gobierno gallego en políticas familiares (actualmente en el entorno de 100 millones de euros) y reúne acciones en ocho áreas de trabajo que, según las estimaciones de la Xunta, implicarán un presupuesto anual no menor a los 700 millones de euros.

Entre las actuaciones, la priorización de empresas con planes de conciliación para sus empleados en las contrataciones públicas de la Administración gallega, el transporte gratuito para menores de 19 años, la inclusión de la demografía en el currículo escolar y como objeto de campañas de sensibilización (el propio Diario Oficial publicará periódicamente los datos de evolución del saldo de nacimientos y defunciones), el refuerzo de las ayudas para compensar las pérdidas salariales por exdecencia o reducciones de jornada para el cuidado, la obligatoriedad para nuevos establecimientos públicos de incluir cambiadores en los aseos femeninos y masculinos (acompañada de ayudas para su incorporación a locales ya en funcionamiento), el impulso a la racionalización de horarios (también adelantando el prime time de la televisión autonómica) o la vinculación directa de parte de los 120 millones de euros que se destinan a los ayuntamientos a través del Fondo de Cooperación Local a las actuaciones en materia demográfica.

Entre las actuaciones «más rápidas, más eficientes y más pragmáticas» —en palabras del presidente Alberto Núñez Feijóo—, figura la apuesta por la captación de nueva población y, singularmente, por favorecer el retorno de los gallegos en el exterior, alrededor de medio millón según las cifras ofrecidas por la Xunta. Para ello se consolidará el asesoramiento al regreso mediante la apertura de una oficina específica, y se insistirá en la difusión de oportunidades laborales en la Comunidad.

La ley inicia su trámite de exposición pública con la previsión de ser remitida en octubre al Parlamento gallego, donde la Xunta confió en encontrar las aportaciones precisas y el consenso necesario. El texto, subrayó la conselleira de Política Social, Fabiola García, inicia su camino con vocación de acuerdo, de permanencia y de transversalidad.