Alu Ibérica entra en liquidación y la plantilla será despedida

Según explica el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juzgado ha declarado disuelta la sociedad, cesando en su función sus administradores, que son sustituidos por la administración concursal. Es el paso necesario para poder subastar las instalaciones. La situación del concursado durante esta fase, según el auto, será «la de suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio». La empresa se encuentra en concurso voluntario de acreedores desde el pasado mes de diciembre, tras acreditar ante el juzgado su estado de insolvencia . La magistrada indica en el auto que consta «el informe de cese de actividad por la administración concursal y la falta de objeciones del deudor», por lo que considera que concurren los requisitos previstos para acordar la apertura de la fase de liquidación de la compañía.

La liquidación de la sociedad se produce después de que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón haya abierto una investigación sobre la posible despatrimonialización de la fábrica por el Grupo Riesgo. Trata de dilucidar si adquirió la planta coruñesa y también la de Avilés con la intención de desmantelarla, vender todos los activos para sacar beneficio y abandonar a su suerte a los trabajadores. La justicia apartó a los responsables de Riesgo de la gestión de la empresa y nombró un administrador para que la gestionase.

La plantilla lleva tiempo pidiendo que la factoría coruñesa pase a manos públicas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Consideran que sería el único modo de salvar los empleos. «En estos momentos la única solución de urgencia es que la SEPI intervenga las plantas para devolverlas luego al mercado privado con un proyecto industrial de recorrido», apunta el comité de empresa. En el marco del concurso dos inversores han mostrado su interés por las instalaciones, pero ninguno quiere subrogar a los trabajadores . La Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), el sindicato que denunció ante la justicia al Grupo Riesgo, pide también la intervención de la SEPI y en el caso de que se venda la planta para alguna actividad relacionada con la producción de aluminio que no se despida a los trabajadores. Los trabajadores se volvieron a concentar esta mañana en La Coruña para mostrar su enfado con las administraciones públicas a las que acusaron de «traición tremenda» , según informa Ep. Sobre la mesa no hay ni fecha para una reunión en la que intentar buscar una salida que evite los despidos.