Galicia presenta sus alegaciones contra el aumento de protección al lobo

El plazo concedido al Ministerio para la Transición Ecológica para que retirase la orden ya ha transcurrido. Ahora, tratan de que desistan de su propósito a través de la vía judicial.

«La primera mentira del Gobierno central es afirmar que la orden que tramita es proporcional y que no existen otras medidas menos restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios», ha apuntado al conselleira justificando las alegaciones presentadas, según recoge la Xunta en un comunicado.

Además, ha explicado que hay otras opciones para la protección de la especie, pero que pueden ser compatibles con las explotaciones ganaderas, así como con el plan de gestión con el que cuenta la Comuindad. Según la conselleira, dicho plan cuenta con la eficiencia y la confianza para poder mantener a una población de lobo estable de la especie en este territorio en los últimos años.

La « segunda mentira », según ha reprochado Vázquez, está centrada en que el Ministerio afirma que su decisión «no supondrá el incremento de los recursos económicos disponibles por la Administración General del Estado». Pero esto «falta a la verdad», puesto que con la entrada en vigor de la orden, teóricamente las comunidades implicadas se verían privadas de emplear determinadas medidas de control de la especie, que hasta el momento, continuaban presentes. Por lo tanto, no tendrían que asumir los costes por daños.

«Desde el momento de la inclusión, los daños que causen los lobos en las explotaciones ganaderas son directamente imputables al Estado, al que corresponde valorar económicamente y regular todas las medidas que sean necesarias para evitarlos», ha asumido la conselleira de Medio Ambiente.

La «tercera mentira» para Galicia es que el único fundamento que justifica, al menos para el Gobierno, esta orden es «un dictamen del supuesto comité científico que se basa en criterios subjetivos». Este criterio recomienda que, debido a su valor ecológico y natural, el lobo debe incluirse en el listado. Pero no justifica la singularidad o el grado de amenaza que supone la especie y que exige esta normativa, apunta la Xunta.