Francisco Conde, durante la charla con ABC
Francisco Conde, durante la charla con ABC - MIGUEL MUÑIZ
ENTREVISTA

Francisco Conde: «La crisis de Alcoa puede contagiarse a otras empresas»

El conselleiro de Economía e Industria señala al Gobierno por su incapacidad para solucionar los altos costes de la energía para sectores de la industria

SantiagoActualizado:

No está siendo un invierno fácil en la industria gallega. La crisis de Alcoa y el anuncio del cierre de Meirama han puesto los focos sobre el conselleiro Francisco Conde (Monforte, 1968). Considera que detrás de las soluciones a los sectores industriales deben estar políticas de Estado, que confiesa no ver por ningún lado.

¿Con Alcoa hay que resignarse a su cierre?

—No, hay que tener una visión de política industrial, y hacer un análisis de la industria que queremos en España. Tenemos una industria siderúrgica electrointensiva que está generando mucho empleo y de calidad, y que necesita un marco eléctrico estable y competitivo. Alcoa necesita una solución al precio energético que le permita competir con otros paises que tienen esta misma industria.

Pero parece que el futuro pasa por la venta de las dos plantas

—Pasa por que haya un inversor que esté dipuesto a mantener la producción de aluminio primario y de otros productos vinculados, que necesariamente va a necesitar un precio eléctrico competitivo. La reflexión que hacemos desde el gobierno gallego es que ese marco lo necesita Alcoa, pero también San Cibrao y el resto de electrointensivas. Por eso pedimos que la solución sea de conjunto sobre la viabilidad de este tipo de empresas.

¿Hay inversores interesados? ¿Es honesto pensar que los habrá?

—Objetivamente hay interés en el sector, hay inversores que se han acercado por si realmente había una intención real por parte de Alcoa, en primera instancia, y del Gobierno, de darle una viabilidad industrial a las plantas de Coruña y Avilés. Ahora hay que pedir que Alcoa se implique, pero también al Gobierno para que dé una solución al problema energético. Y si eso se da, debe haber un encuentro para que los inversores se hagan cargo de las plantas en unas condiciones de viabilidad.

¿Les ha avanzado el Ministerio algo del estatuto de las electrointensivas en el que trabaja?

—No. Lo que hemos hecho es reunirnos con el sector para escuchar su visión y qué soluciones a corto plazo se pueden dar para que en este 2019 se les pueda dar una solución. Trasladamos esas propuestas al Ministerio de Industria y al de Transición Ecológica, pero no tenemos contestación ni tampoco de otras alternativas.

¿Le tranquiliza esta prórroga hasta junio de la situación de Alcoa?

—Tener cinco meses más da margen, pero si somos realistas, nos preocupa que llevamos ya cuatro sin ninguna propuesta efectiva. No tenemos ningún escenario que nos haga ser optimistas.

Cuando se habló de la nacionalización de las plantas, ¿era una propuesta realista?

—El Gobierno ya dio su respuesta. En el contexto que estamos hablando, lo más importante y la responsabilidad de cualquier gobierno es dar soluciones para que las empresas compitan en igualdad de condiciones en una economía de mercado. Y la solución de las electrointensivas pasa por el mercado. Ese es el contexto.

Primero Alcoa, ¿la siguiente crisis es con Ferroatlántica?

—Desde un punto de vista objetivo, ha tenido que parar cuatro hornos, dos en Cee y dos en Sabón. Ya hay un impacto real sobre una empresa como Ferroatlántica. Esa preocupación es real, y tiene un horizonte del 30 de junio, cuando se plantee la nueva subasta de interrumpibilidad o el marco eléctrico para las empresas del sector en el segundo semestre del año. Y esa solución debe ser transversal, para todas las electrointensivas, estableciendo en el estatuto una tipología de empresas electointensivas en función de la intensidad y el consumo de energía que precisan para su producción. Esa industria necesita una respuesta para ese segundo semestre. Pero sí hay un riesgo de un efecto contagio y tenemos que ser previsores y actuar con toda la intensidad. Porque el primer impacto es Alcoa, Ferroatlántica ya está amenazada, y el resto de industrias se pueden ver en situación similar a corto plazo. Tenemos que actuar.

¿Por qué la energía es mucho más barata en otros países de nuestro entorno europeo?

—Claramente por el mix energético que decide cada país, desde el punto de vista del empleo de energías nucleares, térmicas o renovables, y luego del propio funcionamiento de mercado que determina el precio en cada uno de los paises. En tercer lugar, en un aspecto que debemos seguir trabajando como es favorecer las interconexiones a nivel europeo, que nos permita como espacio único poder competir en igualdad de condiciones para el precio energético.

¿Cómo le va a sentar a nuestro mix energético el anuncio del cierre de las centrales térmicas que ha hecho Naturgy, Meirama entre ellas?

—A medio plazo vamos a tener una enorme debilidad, porque pretendemos liderar una transición energética a nivel europeo mientras otros países actuan con mayor prudencia. Estando de acuerdo con el objetivo de reducir gases de efecto invernadero en el horizonte del 2050, ese proceso de transición tiene que ser equilibrado y tiene que venir acompañada de alternativas. Francia tiene una generación eléctrica a través de las nucleares del 75%, Alemania mantiene un 38% de generación a través de centrales térmicas. El posicionamiento del Gobierno está forzando decisiones difíciles de entender. Desde el punto de vista energético, con el cierre masivo de centrales térmicas en España; pero desde la óptica industrial, porque estamos viendo cómo el Ministerio de Transición no está acompañando las necesidades de las electrointensivas, pero también incide en otras industrias que dependen del marco eléctrico.

¿Se le ha quejado el sector de la automoción?

—El sector tiene que estar preocupado porque todas estas decisiones están generando una incertidumbre desde el punto de vista de mercado y las perspectivas de cara al futuro. Ya hay un impacto directo con el impuesto sobre el diésel, un incremento de 5 céntimos por litro en un parque automovilístico gallego que depende en un 85% de este combustible. Va a tener un impacto de 85 millones de euros directos sobre industria y consumidores. La automoción necesita una planificación realista de la transición energética, sabiendo que el elemento diferencial en Europa de tecnología industrial es el diésel. Tenemos que saber cómo acompañar al sector, y ese debate no lo ha abierto el Gobierno.

¿Le sorprendió el anuncio del cierre de Meirama?

—Sí. Naturgy había generado una expectativa cierta, de acometer las inversiones que había adoptado en 2015. es cierto que la falta de concreción de las inversiones generaba dudas de que se llegaran a efectuar, y finalmente se ha confirmado el peor pronóstico posible, esa falta de compromiso de Naturgy con Galicia. Es difícil de explicar y entender cómo Endesa sí hace en As Pontes las inversiones que exige la directiva europea y Naturgy no. Por primera vez, España en su conjunto, está importando energía de Marruecos. Es una situación que para el sistema nos debe hacer encender una alerta ante la planificación del mix energético. La decisión de Naturgy no la entendemos, no la compartimos, y tiene dos responsables: la política energética errática del Gobierno, incapaz de poner a España en un mix energético homologable a nivel europeo; y la empresa, a la que se le exige corresponsabilidad para dar alternativas reales a la comarca de Meirama, y haya una transición justa en términos de empleo e inversiones. El nudo logístico de Meirama tiene enormes capacidades para plantear proyectos industriales y tecnológicos.

¿Ve viable el proyecto alternativo que Naturgy ha anunciado?

Se han anunciado dos proyectos, un parque eólico que forma parte de las inversiones que Naturgy ya está haciendo en Galicia y por tanto no es una alternativa a mayores del cierre de Meirama; y la planta de biogás es un diseño del que no conocemos detalles y no nos podemos pronunciar.

¿Sin Meirama, Galicia es deficitaria en producción energética?

—Sin Meirama y As Pontes, sí. Nos pondría en una situación desconocida para el sistema energético gallego. Esta decisión va a exigir una mayor inversión en el ámbito de las energías renovables. En ese ámbito ya trabajamos de la mano del sector eólico, para poner en funcionamiento 400 megavatios a finales de año, otros 300 en tramitación. En el horizonte del 2030 tenemos que trabajar con el sector para identificar el contexto normativo y económico que permita a Galicia, a través del eólico, la biomasa eléctrica y el hidráulico, retomar el liderazgo que tuvimos y que la perdida de Meirama minimiza.

Esta semana le han vuelto a pedir en el Parlamento una tarifa eléctrica propia para Galicia.

—Han pedido una tarifa eléctrica, pero desde un contexto que está fuera de la ley, dado que el marco actual no permite diferencias por territorios. Pero sobre todo, Galicia perdería desde la perspectiva económica. La tarifa no es solo el coste de la generación, sino las inversiones necesarias para su distribución y su mantenimiento. Eso supondría unas necesidades adicionales de 100 millones de euros. Si incorporamos la interrumpibilidad, serían 200 millones más. El coste directo de disponer de una tarifa autonómica supondría una pérdida de 300 millones de euros. Lo preocupante es que quien pide esta tarifa nunca la acompaña con una memoria económica. Acaba siendo una propuesta teórica y puramente ideológica.

En este debate siempre se recurre a que en el País Vasco sí habría una tarifa eléctrica propia

—Pero no es cierto. En el País Vasco no hay nada que no tenga el resto de España. Lo que hizo el Gobierno fue establecer un peaje específico sobre una determinada tensión que se aplica al conjunto de empresas del Estado, y creo recordar que el 34% no son vascas. No es una tarifa, no confundamos.

Esta semana presentaron la reclamación conjunta del Corredor Atlántico. ¿No llegamos tarde?

—Llegamos en el momento oportuno, una vez que en Europa se había tomado la decisión de no incluir el Corredor. Creo que está siendo un ejercicio, que venimos trabajando desde 2017, que consiguió que a nivel europeo se tomara la decisión de incorporarlo a las redes transeuropeas y la financiación comunitaria. Está pendiente de convalidación. Esperemos que este Gobierno tenga capacidad para confirmarlo. De lo que estamos hablando de garantizar la competitivdad a los territorios. La alianza del noroeste es un paso para que podamos competir en igualdad de condiciones en este contexto de mercado único.

Primero fue la politica agresiva de suelo industrial, luego el impulso al Puerto de Leixoes, ahora la megaterminal ferroviaria de Famalicao… ¿Se nos está adelantando Portugal?

—No, están haciendo un análisis de hacia dónde va la economía y tomando decisiones en el ámbito económico, empresarial y de infraestructuras. Creo que Galicia de forma particular está interpretando cuáles son esas necesidades y las actuaciones que debemos impulsar para competir no ya con Portugal, sino en este contexto global. Tomamos decisiones en la dirección correcta. Galicia se tiene que diferenciar por sus propios elementos de competitividad: la innovación y el conocimiento, la formación en nuevas tecnologías, y una administración facilitadora de inversiones e implantación industrial.