Endesa acelera el cierre de As Pontes al no poder vender la producción de la térmica

En lo que va de año, las térmicas de Endesa prácticamente no han sido capaces de vender su producción. En abril, la compañía decidía parar los hornos después de que los costes de producción se hubiesen disparado. En su escrito a la CNMV, Endesa apunta al «precio internacional de las commodities y a los nuevos mecanismos de regulación del mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2)» como los responsables de desplazar a las térmicas frente a otras tecnologías. En virtud de los acuerdos firmados para luchar contra el calentamiento global, la Unión Europea se ha propuesto reducir un 40% las emisiones de CO2. Desde Bruselas se fijan los objetivos generales y después cada Estado pone en el mercado las toneladas que le corresponden. Para poder emitir, las industrias deben pagar un precio que se negocia en un sistema similar a la Bolsa. Si en 2018 la tonelada de C02 costaba 8 euros, ahora el precio ronda los 27 . El sobrecoste expulsó a las térmicas de la subasta eléctrica.

El cierre se produce pese a que Endesa, a diferencia de otras eléctricas como Naturgy, había decido apostar por la producción de carbón y estaba acometiendo inversiones para adaptar sus plantas a las nuevas directivas anticontaminación de la U E. En As Pontes ejecutaba una inversión de 220 millones de euros para reducir sus emisiones de gases contaminantes como el como el dióxido de azufre o el óxido nítrico. En teoría así podría seguir funcionando hasta el año 2035, según la normativa europea. Pero la reforma de la central no le iba a permitir emitir menos CO2, dado que no es posible técnicamente reducirlas.

La decisión de Endesa cayó como un jarro de agua fría en la localidad coruñesa. La térmica cuenta con 160 personas en plantilla y otras 600 trabajan para compañías auxiliares que se encargan de tareas como el mantenimiento de la planta. Además 150 camiones trasladaban hasta hace poco el carbón importado desde el puerto de Ferrol hasta As Pontes. Los transportistas fueron los primeros en dar la voz de alarma sobre la situación de la central con movilizaciones. Desde hace casi veinte días mantienen encierros en los Ayuntamientos de Ferrol, As Pontes y Vilalba. Tras conocer la noticia del cierre ya advertían que endurecerán las protestas. El portavoz del colectivo, Manuel Bouza , ya avanzó ayer que los camioneros aprobarán nuevas medidas «contundentes» este fin de semana. En declaraciones a Efe, Bouza tildó los hechos de «golpe de Estado a Galicia» y pidió implicación a las administraciones, tanto la gallega como la central. «No doy por hecho que se lleve a cabo, tiene mucho que decir el Gobierno», estimó. También los trabajadores de la plantilla directa de la central exigieron al Gobierno central y a la Xunta una reunión «urgente» con Endesa. En declaraciones a Europa Press, Alberte Amado, de la CIG, reclama a la compañía que «haga un anuncio claro de compromiso con la localidad» y que dé a conocer «qué alternativas va a dar» para que «el impacto se minimice». En su comunicación a la CNMV, Endesa apunta solamente a que va a «evaluar opciones de futuro» para los emplazamientos de las centrales de As Pontes y Almería. Si opta por desmantelarlas definitivamente el proceso será largo, alrededor de unos cinco años. El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, también mostró ayer su preocupación ante el anuncio de Endesa y exigió una «respuesta clara» a la eléctrica y al Gobierno central «sobre cuál va a ser el escenario a corto plazo» y compromiso con el empleo.

Por el momento, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha convocado una reunión para el próximo lunes con los trabajadores de Endesa, los agentes locales y la empresa para conocer de primera mano la situación, valorar escenarios y estudiar los pasos a seguir tras la decisión de su Consejo de Administración de cerrar todas sus centrales térmicas de carbón en España. Fuentes del ministerio señalaron que el departamento de Ribera sigue «con mucha atención esta decisión» que afecta a todas las centrales de carbón, incluidas la de As Pontes (La Coruña) y Litoral (Almería), que se sumarán a los cierres ya aprobados de Andorra (Teruel) y Compostilla (León).