El año del giro político y judicial del caso

En el ámbito político, la reelección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE provocó lo que desde hace años había sido imposible: que los socialistas apoyasen la creación de una investigación política de la tragedia. La formación registraba esta petición esta misma semana en el Congreso, dejando atrás la postura que el partido sostuvo contra viento y marea desde 2013 y que provocó el rechazo unánime de las víctimas. Los socialistas, al igual que los populares, se oponían a la activación de una comisión parlamentaria por entender que era la investigación judicial en marcha la encargada de poner luz sobre la causa. Hace unos días, Sánchez enmendaba este discurso, que él mismo suscribió durante su primera etapa como secretario general, y atribuyó el giro a que habían cambiado las «circunstancias».

El guión se repitió también en Galicia, donde el PSdeG evitó respaldar hace unos meses una propuesta de BNG y En Marea para instar a la Cámara Baja a abrir una comisión que arrojase luz sobre el siniestro. Por aquel entonces, el portavoz parlamentario de los socialistas gallegos, Xoaquín Fernández Leiceaga, rechazó respaldar esta solicitud de las víctimas y se negó también a forzar con nacionalistas y rupturistas la apertura de una investigación similar en la Cámara gallega aprovechando el nuevo reglamento del Pazo do Hórreo, que habilita a los tres grupos de la oposición a solicitar una comisión de este tipo solo una vez durante toda la legislatura si así lo requieren. «No vamos a gastar nuestra única bala de plata en esa cuestión», zanjó entonces el economista, que esta misma semana rectificó y aclaró que se alegraba del viraje de su partido en esta materia.

La vertiente judicial del caso ha estado marcada por la imputación del exjefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte. La Audiencia provincial de La Coruña confirmó el mes pasado lo que ya había apuntado semanas antes el juez titular del caso, Andrés Lago Louro, que decidía dirigir la investigación hacia las responsabilidades de Cortabitarte en el siniestro por no haber mitigado el peligro existente en la curva de A Grandeira. En un contundente auto, el instructor le imputaba al exresponsable del gestor ferroviario 80 delitos por homicidio imprudente y lesiones por imprudencia grave al entender que «teniendo conocimiento de la situación de riesgo existente en la curva» incumplió presuntamente su deber de atajarlo. «La curva era un riesgo en si misma», aseguraba Lago Louro. Pese al recurso impuesto por Cortabitarte a esta decisión, la Audiencia provincial ratificó que sobre el exjefe de seguridad de Adif pesan «indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos», por lo que esta misma semana tendrá que acudir de nuevo a los juzgados para declarar como imputado en la causa. Hasta el momento ha rechazado explicarse en sede judicial.

Durante el día de hoy, las víctimas y familiares de los fallecidos en la tragedia participarán en una marcha a pie que partirá desde la estación de tren de la capital gallega y terminará en la compostelana Praza do Obradoiro. Los afectados dirigirán sus críticas al hecho de que, a día de hoy, la zona en la que tuvo lugar el descarrilamiento sigue sin tener instalado el sistema de seguridad ERTMS, que garantiza la máxima seguridad en la vía y que hubiese parado el tren aquel 24 de julio al detectar un exceso de velocidad. Ya por la tarde tendrá lugar otro paseo desde el puente de Angrois hasta el campo de la fiesta, que finalizará con una ofrenda floral. Familiares, víctimas y vecinos del barrio contemplarán como cada año el paso de un tren Alvia similar al siniestrado que esta vez sí llegará a su destino.