Los cesados por En Marea denuncian un «boicot» y no acatan su expulsión

«Solo se nos puede revocar, no se nos puede ni cesar ni suspender» , declaró ante los medios Sonia Mauriz, portavoz del comité electoral. Según su versión, para que la salida de Martiño Ramos, Pablo Nieves y Raquel Bernárdez —los tres vinculados a Esquerda Unida— se hiciera efectiva, la decisión tendría que ser aprobada en el Plenario y no a través de la comisión de garantías, un órgano inclinado hacia las posiciones del líder de la organización, Luís Villares.

En las últimas horas, la crisis que enfrenta a los «villaristas» y al sector integrado por Podemos, Esquerda Unida, Anova y las mareas municipales no ha hecho sino agudizarse. La nueva réplica del terremoto se remonta a la tarde del pasado lunes. Entonces, la comisión de garantías comunicó en público la suspensión cautelar de las tres personas a quienes había señalado por acceder «irregularmente» al censo de las primarias . En dicho comunicado, daban un plazo de tres días a los afectados para presentar alegaciones.

Así se llegó hasta el día de ayer. Otra jornada aciaga para la convivencia interna de En Marea. Según el relato aportado por Mauriz, los problemas se precipitaron cuando tres nuevas personas —afines a Villares— fueron incluidas en el grupo telemático del comité electoral con el objetivo de sustituir a las personas denunciadas. El cambio, «un boicot» para Mauriz, tuvo dos efectos inmediatos . Por un lado, el número de miembros del órgano pasó de 13 a 16 —hasta ahora los críticos contaban con la mayoría—, y por otro, se convocó un plebiscito para hacer efectiva la expulsión de los tres miembros, como finalmente ocurrió. Para Mauriz, sin embargo, la votación es «a todas luces ilegal». «Esto es una suplantación de identidad en toda regla».

A partir de ahí, llegan las valoraciones. Mauriz dejó patente que nadie del comité electoral «entró por la puerta de atrás» al censo de las primarias y que las acusaciones vertidas por la dirección de En Marea colocan a los afectados en una situación de «indefensión absoluta». La pasada semana, el portavoz de la ejectiva y responsable del proceso ante la Agencia de Protección de Datos, Gonzalo Rodríguez, anunció que pondría los hechos en conocimiento de la Fiscalía. En cambio, el comité electoral insiste en que nunca se «vulneró la ley» y en que todo el conflicto se apoya en dos auditorías a las que todavía no han tenido acceso.

El futuro ahora es un terreno desconocido. Mientras el comité electoral se declara temporalmente inactivo, uno de los señalados, Martiño Ramos, anunció ayer que no presentarían «ningún tipo de alegación» para revertir la suspensión cautelar . ¿Qué podría entonces desbloquear los problemas? A su modo de ver, bien una rectificación por parte de la comisión de garantías o bien una desautorización por parte de la ejecutiva de En Marea, en estos momentos dos escenarios altamente improbables.

En paralelo al conflicto entre el comité electoral y la comisión de garantías, continúan las voces que piden celebrar cuanto antes las primarias y empezar un proceso de acercamiento que restañe las heridas. Si el pasado lunes fue Villares el que expresó su deseo de votar «antes de Navidad», ayer uno de los principales pilares del sector crítico, el alcalde de Ferrrol, Jorge Suárez, reclamó las urnas «de una vez» para que el partido pueda dedicarse a hacer una «política limpia» y a la «búsqueda del bien común». El regidor, además, alertó de que las cuestiones internas interesan poco o nada a los votantes. «Lo único que pueden provocar es desidia por la situación actual». Los tiempos juegan a la contra: tanto Suárez como Xulio Ferreiro o Martiño Noriega —todos ellos rivales internos de Villares— se juegan la reedición de sus mandatos en las elecciones que tendrán lugar en mayo.

Sin embargo, el deseo de Suárez tiene pocos visos de hacerse realidad, teniendo en cuenta que es al comité electoral a quien le corresponde poner fecha a las primarias y que la expulsión de tres de sus miembros vuelve a amenazar la unidad del partido.