El cese de tres miembros del comité electoral agrava la crisis de En Marea

Precisamente un órgano inclinado hacia los villaristas, la comisión de garantías, ha sido el encargado de tomar y transmitir la decisión. A través de un comunicado, entienden que los expulsados «no acataron» las normas internas «sobre las atribuciones propias de su cargo», además de acusarles de «incumplir su obligación de velar por el cumplimiento del reglamento y la legislación de Protección de Datos», pues «no se produjo un acceso mancomunado al censo limitado».

Esta decisión, otro varapalo contra los intentos de recomponer en En Marea, llega después de que la coordinadora diera a conocer la pasada semana el contenidos de dos auditorías sobre las posibles «irregularidades» en el censo. En ellas, la ejecutiva de En Marea constató que cuatro usuarios habían accedido sin permiso a la lista de inscritos antes de las primarias que iban a celebrarse entre el 1 y el 3 de diciembre, y que finalmente se suspendieron. Con esa información en la mano, el portavoz de la coordinadora y responsable del censo ante la Agencia de Protección de Datos, Gonzalo Rodríguez, anunció que pondría los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Fuentes de la comisión de garantías consultas por ABC indican que «había datos suficientes» para decretar la suspensión de los miembros del comité electoral, teniendo en cuenta tanto las auditorías como las entrevistas con los afectados. «Esperemos que en el plazo de los tres días presenten algún tipo de argumentación. Y si es así, y tiene peso, morra o conto», añaden.

Desde el órgano también recuerdan que el dictamen, aprobado por 3 votos frente a uno, atañe única y exclusivamente al vínculo de los suspendidos con la comisión de garantías, y no a su continuidad como militantes de En Marea.

Horas antes de que se hiciera pública la decisión, Luís Villares se mostró confiado en que el comité electoral «pueda» fijar una fecha para retomar las elecciones internas «antes de Navidad». Para el magistrado en excedencia, medidas como la sustitución de las empresas encargadas del proceso y la implantación de un sistema de confirmación de voto SMS, podrían desbloquear la situación y hacer que regresaran de nuevo las urnas. Villares, además, siguió defendiendo la decisión de denunciar las presuntas irregularidades ante la Fiscalía, una vía denostada por sus críticos, que la consideran la muestra de que su círculo no busca la reconciliación interna. «Lo que no es razonable es que se nos pida mirar para otro lado», defendió en una entrevista en la Radio Galega.«No podemos hacer la vista gorda. Si pedimos a los demás ética, rigor y transparencia, internamente no podemos mirar para otro lado».