Así funciona el sistema británico de inmigración por puntos, uno de los posibles modelos para el Partido Popular

Londres implementó el 1 de enero de 2021 un sistema de inmigración basado en puntos que marcó el fin de la libertad de movimiento concedida hasta ese momento a ciudadanos de la Unión Europea, una consecuencia directa del Brexit. La reforma fue presentada como la más profunda del modelo migratorio británico en décadas y como un mecanismo para priorizar el talento frente al lugar de origen. En su diseño inicial, la entonces ministra del Interior, Priti Patel, expuso que quien aspirara a residir y trabajar en territorio británico debía acumular al menos setenta puntos, que se asignarían a quienes hablaran inglés con fluidez, contaran con una oferta laboral, ostentaran grados académicos o percibieran un salario por encima de ciertos umbrales. Una oferta de empleo por 26.200 libras anuales o más (unos 30.000 euros al tipo de cambio actual) aportaba veinte puntos, mientras que salarios más bajos serían aceptados solo en profesiones con escasez reconocida, y se establecieron vías especiales para investigadores y profesionales del ámbito sanitario.

El sistema se organiza en torno a una combinación de criterios obligatorios y criterios negociables. Para poder optar a un visado de trabajo, cualquier solicitante debe cumplir tres requisitos no negociables: tener una oferta de empleo de un empleador autorizado como patrocinador, desempeñar un puesto clasificado como cualificado y acreditar un nivel suficiente de inglés, generalmente equivalente a B1 en el marco europeo de referencia. Estos tres elementos suman cincuenta puntos.

A partir de ahí, los solicitantes deben reunir los veinte puntos adicionales necesarios mediante condiciones flexibles. Entre ellas, recibir un salario igual o superior a 26.200 libras otorga veinte puntos, mientras que un sueldo entre 23.040 y 26.199 concede diez. Para los empleos que figuran en la lista de ocupaciones en escasez, o en el caso de trabajadores de la sanidad y la educación pública, los umbrales son más bajos: se aceptan salarios mínimos de 20.480 libras. Además, en algunos casos se otorgan puntos adicionales por tener un doctorado en un área vinculada al puesto. El modelo reconoce también excepciones específicas, como para enfermeras y matronas que llegan con contratos temporales.

El Gobierno defendió entonces el sistema como «justo y global», ya que no discrimina por origen, sino que prioriza las habilidades y la contribución al mercado laboral. Sin embargo, la puesta en marcha supuso un cambio radical: los ciudadanos comunitarios, que antes podían trabajar sin restricciones, pasaron a ser tratados bajo los mismos criterios que los extracomunitarios, lo que endureció considerablemente sus posibilidades de acceso.

Tras casi cinco años de funcionamiento, los efectos del modelo han sido ampliamente analizados. Según datos del Parlamento británico, entre 2021 y finales de 2024 el Ejecutivo recibió 1,78 millones de solicitudes de visados de trabajo, de las que 1,18 millones correspondieron a la categoría de trabajadores cualificados. El canal de salud y cuidados concentró alrededor del 65% de esas solicitudes. El número de solicitantes creció de forma sostenida de 127.300 en 2021 a un máximo de 509.100 en 2023, antes de descender a 256.300 en 2024.

El Migration Observatory de la Universidad de Oxford indica que, en diciembre de 2024, el 19% de los empleos asalariados estaban ocupados por personas que no eran ciudadanos británicos cuando solicitaron por primera vez un número de la Seguridad Social británica (National Insurance Number, un número personal que todos los trabajadores necesitan en el Reino Unido para cotizar, pagar impuestos y acceder a prestaciones sociales, del mismo modo que en España existe el número de afiliación a la Seguridad Social), frente al 12% en 2014. Ese incremento ha sido especialmente significativo en sectores como la sanidad, la hostelería y los cuidados. Un cuarto de los puestos ocupados por personas migrantes en 2024 se encontraba en el ámbito de la salud y la atención social, lo que refleja una dependencia creciente de mano de obra extranjera en áreas críticas.

El impacto fiscal ha sido positivo en términos generales. Según estimaciones del Migration Advisory Committee en 2024, durante el ejercicio 2022-2023 cada migrante llegado al Reino Unido bajo la ruta de trabajador cualificado aportó de media 16.300 libras más de lo que recibió en forma de servicios públicos y prestaciones. En comparación, un adulto británico nacido en el país generó un saldo positivo mucho menor, de unas 800 libras. Esta diferencia se explica porque los migrantes cualificados suelen ser personas jóvenes en edad laboral, con empleo a tiempo completo y pocas cargas sobre el sistema sanitario o educativo, mientras que la población británica incluye una proporción mayor de jubilados, desempleados o familias con hijos que hacen un uso más intensivo de los servicios públicos.

Pese a estos resultados, las críticas se mantienen. La Confederación de la Industria Británica y otras patronales han denunciado déficits graves en agricultura, construcción y hostelería, donde la desaparición de la mano de obra europea barata no ha sido sustituida por trabajadores británicos ni por inmigrantes bajo el esquema de puntos. El propio Migration Advisory Committee recogió en consultas a empleadores que el sistema es eficaz para cubrir puestos altamente cualificados, pero no responde a la necesidad de personal en empleos de baja remuneración que siguen siendo esenciales para el funcionamiento de la economía.

El Gobierno actual ha reaccionado con propuestas de reforma, entre ellas la presentación de un Libro Blanco sobre inmigración que plantea endurecer el acceso a la residencia permanente. La norma general pasaría de cinco a diez años de estancia continua para poder solicitarla, salvo para quienes consigan una acreditación anticipada mediante un sistema adicional de puntos que valoraría la contribución del solicitante al país. Ese sistema secundario tendría en cuenta factores como el nivel de ingresos y aportación fiscal, la experiencia laboral en sectores estratégicos, la posesión de habilidades escasas o la inversión en el Reino Unido.

El ministerio del Interior ha anunciado también su intención de reemplazar la actual lista de ocupaciones en escasez por una «lista temporal de escasez condicionada». A diferencia de la lista tradicional, que se mantenía estable durante largos períodos, este nuevo instrumento sería revisado con mayor frecuencia y aplicaría únicamente a sectores considerados estratégicos. La inclusión de una profesión en esa lista estaría supeditada a que las empresas demostraran haber intentado contratar trabajadores locales e invertir en formación, sin éxito.

El objetivo declarado del Gobierno es que la inmigración deje de ser una solución estructural a la falta de mano de obra y se limite a cubrir, de manera puntual, aquellas áreas críticas para la economía británica. La experiencia acumulada muestra un balance ambivalente. El Reino Unido ha conseguido atraer a un gran número de profesionales en áreas como la sanidad y la investigación, con beneficios visibles tanto en términos fiscales como en la cobertura de servicios esenciales, sin embargo, la restricción a la llegada de trabajadores menos cualificados ha provocado déficits persistentes en sectores como la hostelería, la construcción o la agricultura. Esa escasez de mano de obra ha impulsado al alza los salarios en determinados empleos y ha puesto en riesgo la viabilidad de actividades económicas que dependían históricamente de trabajadores europeos de baja remuneración.