La Fiscalía y el exdespacho de Montoro se alían en ir contra las acusaciones populares

Fuentes del caso consultadas por ABC señalan, irónicamente, que quizá ésta sea la única vez que los abogados de ese despacho -fundado por el exministro pero del que se desligó al poco tiempo para entrar de nuevo en política- y la fiscal coincidan en algo a lo largo de esta causa que se mantuvo secreta desde agosto de 2018 hasta el pasado mes de junio (más de seis años, algo inusual). De prosperar, la petición a la que se adhiere ahora Equipo Económico afectaría a 'viejas conocidas' de la acusación popular como Manos Limpias o Iustitia Europa, y a partidos como Vox o Podemos. García Cerdá se apoyaba para solicitar esta unificación, que ya se ha instaurado en causas tan relevantes como el caso Koldo o el caso Begoña Gómez, en que, dada la cantidad de acusaciones, «se vería afectado el derecho a un proceso sin dilaciones y dificultaría el manejo procesal de la causa».

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, dictó el pasado 19 de junio un auto por el que imputaba a Montoro y a una treintena de personas físicas y jurídicas por delitos continuados de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias , negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y y falsedad documental. El asunto tiene origen en el hallazgo casual de un correo electrónico que «ponía de manifiesto» -según esa resolución- la existencia de «posibles pagos a la mercantil Equipo Económico a fin de obtener modificaciones legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales».

Si bien este hecho relevante desató un terremoto mediático y político, lo cierto es que esta no ha sido la primera causa abierta por Anticorrupción al despacho fundado por Montoro; previamente, la misma fiscal indagó en posibles irregularidades referidas a trabajos realizados por esa misma consultora para las cámaras de comercio en 2012.

Esa investigación acabó archivada en 2019 por la Audiencia Provincial de Madrid, pero para entonces García Cerdá ya tenía entre manos el actual caso Montoro, que le fue asignado habida cuenta que ya investigaba a ese despacho por hechos muy parecidos si no idénticos. Por este motivo, la relación entre esta fiscal y esa consultoría, que cuenta entre sus socios con altos funcionarios del Estado -en excedencia-, viene de lejos y en ese camino se han dado episodios relevantes.

Quizá uno de los más destacables sea la resolución de la Audiencia Provincial que archivaba la primera investigación abierta a Equipo Económico. En el mismo, el tribunal recogía que, de informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la documentación aportada, se podía afirmar que sí hubo trabajos de esa firma de consultoría para el Consejo Superior de Cámaras de Comercio en contra de lo que mantenía la querella presentada por Carmen García Cerdá.

De hecho, afirmaba que se pudo comprobar que entre cliente y consultora hubo un «frecuente intercambio de correos» y afeaba a la fiscal que incluyera en la querella a todos los consejeros del bufete por el mero hecho de serlo «y sin especificar que conducta punible» les achacaba. «No puede hablarse de malversación cuando se ha presentado el trabajo hecho y se ha pagado por él un precio de mercado», añadía el tribunal.

Si bien ese fue un varapalo relevante para la fiscal en su investigación a Equipo Económico, quizá lo que puede afectar más al procedimiento actual, por el 'mar de fondo' que conlleva, es la respuesta que en 2023 le dio el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, cuando ésta le solicitó, sin éxito, poder hacerse con determinados anexos (el contenido) de correos electrónicos intercambiados por ejemplo entre Montoro y Felipe Martínez Rico, su jefe de gabinete, y que podrían suponer una revelación de información de carácter reservado de determinados contribuyentes. Entre otras cosas, Luzón le indicó en ese escrito que no veía delito de revelación de secretos en esos correos dado que no fueron transmitidos a terceros, y que lo que ella consideraba un hecho delictivo no era sino «reflejo de la forma ordinaria de proceder del ente público y de la dación de cuentas» en la Agencia Tributaria.

El fiscal jefe, de manera contundente, sentenció en su escrito que criminalizar de manera tan generalizada e «irresponsable» la actuación de la Agencia Tributaria «adentraría a la instrucción en el terreno vedado de las investigaciones predelictuales o prospectivas, de corte inquisitivo». Y concluía que, de haber indicios de delito en eso correos, no le correspondería al juzgado de Tarragona conocer de los mismos. Cabe recordar que el propio juez Rus ha rechazado investigar esos 'mails' en los que se indagó en la situación fiscal desde a exministros como Rodrigo Rato o Josep Piqué hasta periodistas como Javier Chicote (ABC).

Dado que García Cerdá no quedó conforme, el enfrentamiento con Luzón se recrudeció y, según recoge una sentencia del Alto Tribunal, llegó a intentar puentear el visado de sus superiores mediante una llamada telefónica a investigadores de Mossos para lograr ese contenido. Finalmente, García Cerdá fue sancionada por esa infracción con 1.000 euros. Sanción que fue confirmada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.