El fiscal general afronta su Pleno más tenso bajo amenaza de rebelión

Pese a las reiteradas peticiones de suspensión de este Consejo Fiscal (inoportuno tras el anuncio de adelanto electoral de Sánchez), el fiscal general ha decidido seguir adelante con una reunión en la que no solo se cuestiona la idoneidad de la aspirante Dolores Delgado para ostentar el cargo al que concurre con otros tres candidatos, sino la negativa del propio García Ortiz a abstenerse del debate de esta plaza. Su relación personal con Delgado y el interés que se le presume en el nombramiento de su mentora es causa de abstención y, en caso de negativa, de infracción disciplinaria a la que sin duda se instará, avanzan fuentes del Ministerio Público, cuando aterrice el nuevo fiscal general que nombre el gobierno que salga de las urnas. Hacerlo ahora implicaría el archivo por parte de la Inspección, teniendo en cuenta que fue la propia Delgado la que nombró a la jefa de este servicio, María Antonia Sanz, cuyo voto en el Consejo Fiscal suele coincidir sistemáticamente con el de los vocales de la UPF, que ahora son dos, y, por supuesto, con la propuesta que luego hace el fiscal general. En cualquier caso, con independencia de la opinión de los vocales, su voto no es vinculante y el fiscal general puede proponer a quien considere oportuno.

Lo demostró ya cuando el pasado octubre promovió a Delgado a primera categoría al nombrarla jefa de la Fiscalía de Sala Militar del Tribunal Supremo. Fracasada la enmienda del PSOE con la que se la intentó premiar por la puerta de atrás (pese a ser fiscal general, Delgado ostentaba segunda categoría) y con la incertidumbre de la creación de la Fiscalía de Memoria Democrática que recogía la ley del mismo nombre, era necesario asegurarse ese ascenso que le abría un hueco ya en la Junta de Fiscales, el 'top ten' de la carrera que forman solo una treintena.

La segunda derivada del Pleno de hoy, y que también se le recordará al fiscal general, es el empeño en celebrarlo sin abordar antes el posible conflicto de competencias que puede darse entre las funciones que la propia Ley de Memoria Democrática establece para esta Fiscalía y las que desempeña la pareja de Delgado, el exjuez y hoy abogado Baltasar Garzón, cuyo despacho y fundación están especializados en derechos humanos. Dirimir la posible incompatibilidad de Delgado con ese puesto es competencia del Consejo Fiscal, al que García Ortiz hurtaría una de sus atribuciones si aborda la adjudicación de la plaza antes de que los vocales puedan estudiar ese posible conflicto de competencias que no es la primera vez, además, que aparece en escena. Con motivo del caso Stampa, siendo Delgado fiscal general, ya se tuvo que apartar de la investigación abierta a un fiscal del caso Tándem por defender el despacho de abogados de Garzón a varios imputados de ese procedimiento, pieza del caso Villarejo.

En su empeño por adelantar el nombramiento de Delgado al Consejo Fiscal de hoy, García Ortiz no ha dudado tampoco en «manipular» los supuestos precedentes de nombramientos que ha habido en la Fiscalía con elecciones ya convocadas y con gobiernos en funciones traspasando así, dice la AF, la «línea roja» que supone desacreditar a una compañera: a la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal. García Ortiz le atribuye un nombramiento que no hizo. Es más, en las mismas circunstancias en las que se encuentra García Ortiz hoy, con un pie fuera, Madrigal paralizó treinta nombramientos, que dejó en manos del siguiente fiscal general, el ya fallecido José Manuel Maza.

«El deterioro de la imagen institucional del Ministerio Fiscal ha alcanzado uno de sus límites más altos, si todavía fuera posible, con la utilización de los medios de comunicación propios de la Fiscalía General del Estado para responder una cuestión particular en una especie de ajuste de cuentas personal, faltando al mínimo rigor de quien se supone que es un jurista de reconocido prestigio», señalaba ayer la AF en el comunicado en el que pedía su dimisión.