Un vocal pide la suspensión del Consejo Fiscal para estudiar la posible incompatibilidad de Dolores Delgado en Memoria Democrática
Recuerda que antes de adjudicar la plaza hay que examinar un posible conflicto de intereses entre el posible nuevo destino de Delgado y el despacho y fundación de su pareja, Baltasar Garzón
El fiscal general adelanta once días el Consejo Fiscal en el que Delgado aspira a la jefatura de Memoria Democrática
Madrid
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Iniciar sesiónEl vocal Salvador Viada, uno de los nueve electos del Consejo Fiscal, ha remitido un escrito al fiscal general del Estado en el que pide el aplazamiento de la reunión del jueves en la que previsiblemente Álvaro García Ortiz pondrá al frente de la ... nueva Fiscalía de Memoria Democrática a la exministra Dolores Delgado. Considera este vocal, de la Asociación Profesional e Independendiente de Fiscales (APIF) que antes de adjudicar esta plaza, el Consejo Fiscal, órgano que representa a la carrera, tiene que estudiar la posible incompatibilidad de la ex fiscal general para ostentar este puesto, dada la coincidencia entre las competencias de esta Fiscalía que crea y enumera la propia Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 y en las que el despacho y fundación de su pareja, Baltasar Garzón, desempeña su trabajo.
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Viada, que junto con los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ya pidió la suspensión de este Consejo Fiscal, que García Ortiz adelantó once días tras anunciar Sánchez la nueva convocatoria electoral, recuerda en su escrito al fiscal general que, además de su deber de abstención (por la relación personal que ha mantenido y mantiene con Delgado) es preciso estudiar si concurre un conflicto de intereses entre las actividades que estaría llamada a desempeñar Delgado y las de su pareja.
En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, el vocal recuerda que es competencia del Consejo Fiscal el dictaminar acerca de la concurrencia de incompatibilidades (artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).
El despacho de abogados de Garzón (Ilocad) y la Fundación que preside Fibgar (Fundación Internacional Baltasar Garzón) «tiene un objeto y una actividad que podría entrar en conflicto con las funciones que la ley atribuye a la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática«, apunta.
«Se trata Fibgar de una fundación que tiene como labor procurar la lucha contra la impunidad de crímenes gravísimos, y la defensa de los derechos humanos (entre otros fines). Pero lo que está en juego es conocer si concurre o no un posible conflicto de intereses entre la aspirante al puesto y las actividades jurídicas de Baltasar Garzón. Esta es una cuestión que hay que resolver previamente a la adjudicación de la plaza en cuestión«.
Por esta razón Viada solicita que se posponga el debate sobre la adjudicación de la plaza a la que aspira Delgado con otros tres candidatos y que en el Consejo Fiscal del 19 de junio «se introduzca en el orden del día el debate sobre la posible incompatibilidad relativa para el puesto al que aspira la candidata referida, procediéndose a la votación sobre el particular en el Consejo Fiscal».
Colaboración de Delgado
«Simplemente al acceder a las actividades de Figbar se observa su dedicación a un aspecto fundamental del derecho que, sin embargo, entra de lleno en el área de actividades que deberá desempeñar el fiscal de Memoria Democrática, comprobando también la reiterada colaboración de Dolores Delgado con las actividades de dicha fundación«, dice.
De esta forma, el vocal traslada a García Ortiz la conveniencia de «disponer de unos días» para que el Consejo Fiscal pueda hacerse una idea de las «eventuales consecuencias de que una plaza tan importante pudiera adjudicarse a una persona cuya plena imparcialidad en el ejercicio del cargo pudiera verse, ante terceros, comprometida. Y también, naturalmente, para oír a la compañera afectada sobre la cuestión«.
Considera que si el fiscal general no accede a esta solicitud, estaría evitando que el Consejo Fiscal pudiera decidir «sobre una de sus competencias más importantes, establecida en beneficio de la institución y de los ciudadanos» y ocasionaría un «enorme daño reputacional a la Fiscalía General, mostrándose incapaz de reaccionar ante un hecho de la magnitud del que nos ocupa«.
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