El fiscal general se enfrenta a una sanción grave si no se abstiene y coloca a Delgado en Memoria Democrática

El artículo 62.8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal castiga como falta muy grave «la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas». El artículo 66.2, por su parte, prevé para el infractor la suspensión, el traslado forzoso o la separación. En este sentido, fuentes del Ministerio Público recuerdan que el fiscal general no está al margen de ese deber de abstención. Es más, «él debe predicar esa imparcialidad y apariencia de imparcialidad ante sus subordinados», dicen.

Entre las causas de abstención aplicables a los miembros del Ministerio Público figura la de «tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado». Pocas dudas hay en la carrera de que aquí concurre un interés personal en promover para el cargo a quien en su día le dejó en su puesto. Y es que cuando Delgado cesó por motivos de salud el pasado 19 de julio, en pleno mandato como fiscal general, propuso al Gobierno que lo nombrara en su lugar. García Ortiz era entonces jefe de la Secretaría Técnica, también gracias a Delgado, que estando al frente de la Fiscalía lo nombró para ese cargo cuando él era fiscal especializado en Medio Ambiente en Galicia y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

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Delgado encumbró a García Ortiz a primera categoría y en apenas un año promovió a su mujer, Pilar Fernández, hasta en dos ocasiones a sendas plazas de libre designación: primero, como adjunta a la Fiscalía de Violencia de Género; después, como fiscal en la Unidad de Apoyo. Por si no fuera poco, ya siendo fiscal general García Ortiz se enfrentó al propio Consejo Fiscal cuando el pasado mes de septiembre ascendió a Delgado a primera categoría como fiscal de sala de lo Militar del Supremo. Lo hizo con el apoyo de la número dos de la Fiscalía, la jefa de Inspección (ambas nombradas meses atrás por la propia Delgado) y los dos vocales de la UPF, la asociación en la que militaba Delgado y por la que fue elegida en su día vocal del Consejo Fiscal. El nombramiento de Delgado como jefa de la Fiscalía togada del Supremo está recurrido ante el Tribunal Supremo por uno de los aspirantes a esa plaza, Luis Rueda.

Pero hay más: para reforzar el currículo de Delgado de cara a este Consejo Fiscal, el pasado enero siendo ya jefa de la Fiscalía Militar del Supremo, el fiscal general puso, sin concurso alguno, a quien fue su jefa a cargo de la materia de Derechos Humanos en la Fiscalía General -no hay que olvidar que la nueva Fiscalía lo es «de Derechos Humanos y Memoria Democrática»-, un ámbito que en los últimos meses le ha llevado a compartir seminarios y conferencias con su pareja, Baltasar Garzón, en varios puntos de España. Una de las más recientes, en Valencia, el pasado 13 de mayo. En la presentación del programa «Las fosas del franquismo: arqueología, antropología y memoria», organizado por la Diputación, el ex magistrado y hoy abogado especializado en derechos humanos abogó por «blindar» la Ley de Memoria Democrática para que «nadie la toque en el futuro». A su lado estaba Delgado, quien defendió que esta ley «nos da herramientas» dentro de un «mundo lleno de nostálgicos de tiempos terribles con nacionalismos excluyentes llenos de intolerancia».

Precisamente el temor a que en este nombramiento pueda haber un conflicto de intereses entre la exfiscal general y su pareja llevó ayer al vocal Salvador Viada a presentar un nuevo escrito en la Fiscalía General del Estado. En él, sostiene que antes de resolver sobre la adjudicación de esta plaza hay que examinar la posible incompatibilidad de Delgado para ostentar este puesto dado el conflicto de intereses que puede plantearse a tenor de los asuntos que abarca el despacho y la fundación que preside su pareja.

Por eso propone celebrar el Consejo Fiscal en la fecha que estaba prevista antes del adelanto electoral -el 19 de junio-e introducir esa posible incompatibilidad en el orden del día de esa reunión. «Simplemente al acceder a las actividades de Fibgar (la fundación) -señala el escrito, al que ha tenido acceso ABC- se observa su dedicación a un aspecto fundamental del derecho que, sin embargo, entra de lleno en el área de actividades que deberá desempeñar el fiscal de Memoria Democrática, comprobando también la reiterada colaboración de Dolores Delgado con las actividades de dicha Fundación».

«Creo que es preciso disponer de unos días para que el Consejo Fiscal pueda hacerse una idea de las eventuales consecuencias de que una plaza tan importante pudiera adjudicarse a una persona cuya plena imparcialidad en el ejercicio del cargo pudiera verse, ante terceros, comprometida. Y también, naturalmente, para oír a la compañera afectada sobre la cuestión». Dice Viada que si García Ortiz no accede a esta petición, se ocasionaría «un enorme daño reputacional a la Fiscalía General, mostrándose incapaz de reaccionar ante un hecho de la magnitud del que nos ocupa».