Feijóo obligará al Gobierno y a sus socios a posicionarse sobre los ataques a los jueces

Por alusiones y «por acusar a los jueces de perseguirlo por motivos políticos», Alberto Núñez Feijóo alerta de la «extrema gravedad» de la segunda misiva a la ciudadanía de Pedro Sánchez, que causó enorme indignación en Génova. El líder del PP denunció ayer en un mitin en Extremadura junto a María Guardiola que el secretario general del PSOE se crea «impune» a la hora de lanzar insultos: «No es normal que se intente silenciar cualquier crítica al puto amo». Tampoco lo es, añadió, «tapar la presunta corrupción que rodea al Gobierno y que desde Moncloa se esté atacando a los jueces y periodistas. Lo único que persigue con esta estrategia es, afirmó, intentar dividir a una sociedad que «está cabreada porque se está dando cuenta de que nos están tomando el pelo».

Pero el PP va más allá de denunciar la «actitud chulesca» de Sánchez en público y llevará la próxima semana al Congreso una moción que obligará al Gobierno y a sus socios a posicionarse sobre los ataques a los jueces y los periodistas. La iniciativa del Grupo Popular Parlamentario se votará el martes con el objetivo de instar al Ejecutivo a «respetar» la plena independencia de todas instituciones así como la del Poder Judicial, «colaborando con la Justicia, remitiendo toda la información que le sea solicitado y cesando la presión sobre los jueces y magistrados. De igual modo solicitan al Parlamento sentar posición en relación al respeto a la libertad de expresión, a la de prensa y a los medios.

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El presidente del Gobierno apeló el martes una vez más a la supuesta guerra judicial y mediática orquestada por la derecha y la ultraderecha contra él y su mujer. Para ello, volvió a recurrir al género epistolar. En una nueva carta, denunció el uso que hacen Feijóo y Santiago Abascal de todos los medios que tienen a su alcance para acabar con él de manera «espuria».

También arremetió contra los medios de comunicación. «Estos días escuchará usted aún -adoptando un tono personalista que apela directamente al electorado- más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos, en platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación, y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras» los presidentes del PP y de Vox. «Todo mentira, un gran bulo».

Sánchez no ha sido el único en decir que ha sido víctima del 'lawfare'. En Podemos, que acusan al Ejecutivo de «inacción», también acostumbran a denunciar ser objetivo de sectores reaccionarios del poder judicial y mediático que tratan de condicionar los procesos electorales. Una práctica, asevera Irene Montero, que «lleva ocurriendo muchos años y que lleva condicionando el voto de los españoles y españolas desde hace muchísimos años». También ellos tendrán que fijar posición sobre esta supuesta guerra judicial y mediática en el Pleno del próximo martes en la Cámara Baja.

La respuesta de los jueces tampoco se ha hecho esperar y ayer, horas después del señalamiento de Sánchez, dos de las cuatro asociaciones judiciales mayoritarias emitieron un comunicado contra el «muy poco edificante» contenido de la carta de Sánchez, a la que traslada «la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas». Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente recuerdan a Sánchez que los tiempos de la Justicia no sólo no se acomodan a los ciclos electorales, en referencia a la extrañeza del líder del Ejecutivo por la cercanía de los comicios del 9-J, sino que «no tienen» que hacerlo.

Ahí reside, a juicio de las asociaciones, la «percepción de normalidad democrática» del trabajo de los magistrados, que tiene sus propios tiempos y depende, según señalaron, de que «los responsables políticos no hagan señalamiento de jueces y respeten las decisiones». En cualquier caso, precisaron que la condición de persona investigada, en clara alusión a la esposa del mandatario español, Begoña Gómez, no supone «ninguna valoración de culpabilidad», sino que se trata de «una garantía fundamental para ejercer el irrenunciable derecho a defenderse abiertamente de cualquier imputación».