El hermano de Sánchez se encomienda a una sorpresa mayúscula para evitar el banquillo

El pasado mes de abril, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, procesó a 11 personas involucradas en la contratación del hermano del presidente del Gobierno, que empezó siendo coordinador de los conservatorios, plaza que cambió su nomenclatura a la ya famosa jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, que Sánchez no logró definir con claridad en su declaración ante la juez. La magistrada entiende que hay indicios de criminalidad suficientes para abrir juicio oral, todo tras una amplia y minuciosa fase de instrucción en la que se han tomado más de una decena de declaraciones de testigos e investigados, además de múltiple material documental recabado por la Unidad Central Operativa (UCO).

Además de la contratación del propio David Sánchez, también está en cuestión la de Luis María Carrero, en la que también, según la magistrada, pudo intervenir el hermano del presidente, de quien es amigo cercano: «(Carrero) habría utilizado la influencia derivada de su amistad íntima con el Sr. Sánchez para la creación y posterior acceso al puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas». Ambos intercambiaron correos electrónicos dando por hecha su contratación antes de ser oficial.

Será, ahora, la Audiencia Provincial de Badajoz la que dictamine si los once investigados van o no al banquillo. Tendrá que decidir si ratifica lo expuesto por la juez instructora, que es lo que ha venido haciendo hasta la fecha, o si atiende los recursos de las defensas y Fiscalía. Los plazos no tienen por qué limitarse a una sesión, pero sí que habrá una única resolución para todos los involucrados.

La acusación popular –Manos Limpias, HazteOír, Liberum, Iustitia, Vox, PP y Abogados Cristianos- ya solicitó en su día tres años de prisión y la inhabilitación para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, además de que el hermano del presidente devolviese los salarios percibidos por la Diputación pacense y asumiese una sanción que podría superar los 130.000€. Las acusaciones entienden que Sánchez sabía que el puesto de coordinador de conservatorios se había creado para él. La Fiscalía, sin embargo, solicita la revocación del auto de la juez Biedma y que se acuerde el sobreseimiento de las actuaciones que se han llevado a cabo durante los últimos meses. El Ministerio Público sostiene que no hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a los procesados: «El proceso está condenado al fracaso».

Son días, también, clave para el futuro político del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que, en sus últimas declaraciones, seguía mostrándose «tranquilo» frente a la decisión de la Audiencia Provincial: «Cuando uno está tranquilo porque nada ha realizado, lo que tiene que hacer es confiar en la justicia», decía este martes.

El líder socialista considera que la decisión de la Audiencia Provincial no cambiará su situación: «Independientemente de que vayamos o no a juicio, la defensa es la misma». Aseguraba Gallardo que se lo explicará «a quien se lo tenga que explicar» y aprovechaba para arremeter contra los medios de comunicación: «Veo a pseudomedios hiperventilando, intentando, creo, presionar, y a la justicia lo que hay que hacer es dejarla que delibere con absoluta libertad».

De haber juicio, se celebraría en la propia Audiencia Provincial, tras quedar sin efecto el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura entendió que su maniobra para entrar a la Asamblea, tras provocar la renuncia de cinco compañeros, puede considerarse fraude de ley.