Día D para el hermano de Pedro Sánchez: encara el banquillo y una posible pena de tres años de cárcel

El pasado 28 de abril, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, dictó su auto de transformación, en el que procesaba al hermano del presidente del Gobierno y al resto de investigados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Todo después de una amplia y minuciosa fase de instrucción en la que se han tomado más de una decena de declaraciones a testigos e investigados, además de múltiple material documental recabada por la Unidad Central Operativa (UCO). La juez ve indicios suficientes para sentarlos en el banquillo por la contratación del propio Sánchez y la de Luis Carrero, exasesor de Moncloa, en la que, según la magistrada, pudo intervenir también el hermano del presidente, de quien es amigo cercano: «(Carrero) habría utilizado la influencia derivada de su amistad íntima con el Sr. Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas».

Será, ahora, la Audiencia Provincial de Badajoz la que dictamine si los once investigados van o no al banquillo. Tendrá que decidir si ratifica lo expuesto por la juez instructora, que es lo que ha venido haciendo hasta la fecha, o si atiende los recursos de las defensas y Fiscalía. Los plazos no tienen por qué limitarse a una sesión, pero sí que habrá una única resolución para todos los involucrados.

De celebrarse juicio, tendría lugar en la propia Audiencia Provincial, pese al aforamiento exprés del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Su maniobra, tras la renuncia de cinco compañeros de partido, le colocó en la Asamblea de Extremadura como diputado autonómico con la causa en su punto álgido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura entendió que el aforamiento de Gallardo se realizaba en «fraude de ley» y que, por tanto, no tenía «competencia objetiva» sobre la causa: «Se busca precipitadamente el aforamiento para eludir la competencia del Juzgado de Instrucción y de la Audiencia Provincial».

Gallardo, entonces, dijo respetar la decisión del TSJEX y recalcó que había decidido ser «diputado y nunca aforado». El caso es que aquel movimiento, que le hizo copar portadas y titulares en todo el país, no le sirvió para blindarse judicialmente, pero sí le dejó muy tocado ante la opinión pública y debilitado internamente. Pese a ganar dos primarias en un año, en ninguna de ellas logró imponerse en la provincia de Cáceres, donde todavía no ha logrado afianzar su liderazgo. Allí, de hecho, el nuevo secretario provincial, Álvaro Sánchez Cotrina, es uno de los perfiles jóvenes llamados a, al menos, opositar al sillón que hoy ocupa Gallardo. Sin ir más lejos, hace apenas unas semanas, el PSOE de Cáceres, con Sánchez Cotrina al frente, pidió al Gobierno la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta el año 2040. Una posición mucho más contundente que la que muestra el partido a nivel regional.

Si Gallardo acaba yendo al banquillo, el partido insiste que no cambiará nada. Así será, o eso han venido defendiendo, hasta que hubiese una sentencia en firme, si es que llega a haberla. Eso, sobre el papel. Porque, de momento, ante los focos, todos dicen cerrar filas con su líder. Una puesta en escena que choca con la realidad del partido en la región, que, tras perder la presidencia de la Junta en favor de María Guardiola, se encuentra en la mayor crisis de popularidad que se le recuerda al PSOE en el que ha sido siempre uno de sus grandes feudos. No parece, al menos con el contexto actual, que Gallardo, como candidato, pueda plantar batalla a la derecha extremeña, pero, con las elecciones a dos años vista, no parece factible que, a corto plazo, se le pueda mover de la silla.

La acusación popular –Manos Limpias, HazteOír, Liberum, Iustitia, Vox, PP y Abogados Cristianos- ya solicitó en su día tres años de prisión y la inhabilitación para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, además de que el hermano del presidente devolviese los salarios percibidos por la Diputación pacense y asumiese una sanción que podría superar los 130.000€. Las acusaciones entienden que Sánchez sabía que el puesto de coordinador de conservatorios se había creado para él. La Fiscalía, sin embargo, solicita la revocación del auto de la juez Biedma y que se acuerde el sobreseimiento de las actuaciones que se han llevado a cabo durante los últimos meses. El Ministerio Público sostiene que no hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a los procesados: «El proceso está condenado al fracaso».