Las comunidades que también vieron inconstitucional el «Estatut»

El recurso interpuesto por el PP contra el preámbulo, 114 artículos y 12 disposiciones adicionales y finales del texto, fue sólo la piedra que inauguró un largo camino de cuatro años completados por otros seis recursos contra la ley interpuestos, en este caso, por el Defensor del Pueblo y cinco Comunidades Autónomas: C. Valenciana, Murcia, Aragón, Baleares y La Rioja. Los capítulos referidos a la financiación, la gestión del agua y la regulación del Archivo de la Corona de Aragón constuirían , además, los principales elementos de la discordia en el ámbito regional.

El recurso presentado por la Generalitat valenciana el 19 de octubre de 2006 tomaba como piedra angular que el «Estatut» suponía un "importante atentado contra los valencianos y los derechos de los valencianos, en algo tan básico como la financiación o el tema del agua" y "un claro atentado a la solidaridad nacionaly y a la Constitución Española". El recurso de la Generalitat hacía referencia a que el «Estatut» incluía "preceptos como el que hace referencia a la limitación de futuros trasvases de agua, que exceden con mucho lo que debe ser una norma estatutaria" y, de este modo, "contravienen lo que está dispuesto en la Constitución".

En cuanto al problema de financiación, el recurso interpuesto por la Comunidad Valenciana sostenía que el texto "no puede contener, de manera unilateral, variaciones en cuanto a la financiación autónomica que permitan favorecer claramente a unos territorios en detrimento de otros".

Por su parte, el gobierno balear entendía que el texto vulneraba los artículos 16 y 149.1.28 de la Constitución, que protegen el patrimonio histórico en el conjunto de sistemas de archivos documentales. Del mismo modo el gobierno regional presentó un recurso contra el artículo 127 del texto, que establece que los fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona se integren en el sistema archivístico catalán.

Para la región, el texto aprobado el 9 de julio permitía a Cataluña apropiarse de forma indebida de fondos documentales que afectan a otras comunidades, entre ellos una serie referida únicamente a Baleares, la Majoricarum.

En la misma línea se centraba el recurso planteado por Aragón en octubre de 2006 contra la disposición adicional decimotercera.

Del mismo modo, Comunidad Valenciana, La Rioja y Murcia presentaron sendos recursos contra el artículo 120 , referido a las competencias hidráulicas y que permitiría además a Cataluña determinar los caudales del delta del Ebro.

En el caso de Murcia , justificaba su recurso en un informe de los servicios jurídicos de la región, según el cual la norma básica catalana otorgaba al «Govern» plenos poderes para fijar el caudal ecológico de un río que discurre por nueve comunidades y limitaba las posibilidades de recuperar la transferencia de agua prevista en el Plan Hidrológico.

En cuanto a La Rioja , los principales puntos recurridos fueron el principio de bilateralidad del Estado con Cataluña, la gestión del agua, el sistema de financiación y las denominaciones de origen.