EE.UU. tiene máximo interés en la información estratégica del CNI sobre Iberoamérica

El hecho de que pueda ser una agencia de Inteligencia norteamericana la que haya pagado por ese material sería sorprendente, ya que se trata de un país aliado y amigo, que ha cooperado muchas veces y con gran eficacia con el CNI en materias muy sensibles. De confirmarse, el incidente tendría consecuencias en las relaciones diplomáticas entre ambos países y quebraría la confianza entre sus servicios de Inteligencia. Además, afecta a la imagen del Centro en el exterior, aunque haya sido ese organismo el que detectó los hechos, los investigó y obtuvo pruebas para acusar a los detenidos.

Fuentes consultadas por ABC explican que para Estados Unidos es especialmente valiosa la información estratégica sobre Iberoamérica que acumula el CNI. El Centro español, según los expertos, es la agencia mejor posicionada en ese área, clave para el Gobierno norteamericano tanto en el ámbito político como el económico.

En todo caso, las mismas fuentes insisten en que es muy aventurado llegar a conclusiones contundentes cuando se está en plena investigación y piden la máxima cautela sobre un asunto sensible, el más grave que ha afectado al CNI desde la detención en 2007 de otro de sus miembros, Roberto Flórez, que ofreció información clasificada a los servicios rusos.

El jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, no respondió este martes a un grupo de periodistas que le preguntaron si había hablado con alguien del Gobierno de Estados Unidos sobre estas filtraciones. Fuentes diplomáticas afirman a este diario que este tema es cosa del Ministerio de Defensa, de quien depende el CNI, y no hicieron comentarios sobre la posibilidad de que el incidente se pueda convertir en un problema diplomático. En el ministerio que dirige Margarita Robles también guardan silencio. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, recordó por su parte que la investigación judicial está abierta, que «está bajo secreto» y que el Gobierno ha ofrecido «máxima colaboración» para que se aclare este asunto. Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, aprovechó lo ocurrido para arremeter contra el Gobierno: «Estamos ante unos hechos de suma gravedad que el Gobierno debía aclarar. Su nivel de inseguridad es máximo, extraordinario. Ha comprometido la seguridad de nuestro país», informa Emilio Escudero.

Mientras tanto, se conocen a cuentagotas los detalles de la operación que desembocó en la detención de los dos agentes del CNI. ABC sí ha podido conformar que un juez del Tribunal Supremo firmó el pasado mes de septiembre las autorizaciones para practicar las entradas y registros en casa de los dos implicados, denunciados por el propio servicio y bajo sospecha de filtrar información clasificada a terceros.

Según informaron a ABC en fuentes conocedoras del caso, la autorización se tramitó así en la misma instancia que valida los procedimientos del CNI dentro de España cuando afectan a derechos fundamentales, como las escuchas telefónicas, que requieren de aval judicial. Sin embargo, no fue el Tribunal Supremo quien pilotó la actuación, sino un juzgado de Instrucción de Madrid que se encontraba en aquel momento en funciones de guardia y que movilizó a la Policía Nacional para practicar la detención de ambos en sus respectivas viviendas y el registro de las mismas.

Se trata del mismo juez que tras pasar a disposición los dos agentes, acordó su ingreso en prisión provisional entre otras razones, por riesgo de fuga y de reiteración delictiva, si bien uno de ellos quedaría poco después en libertad con medidas cautelares.

El otro implicado sigue en prisión preventiva, según algunas informaciones en el módulo de funcionarios de la cárcel de Estremera, el mismo donde está el exagente del CNI Roberto Flórez, detenido en 2007 por hechos similares y condenado a 9 años por traición, y que también acogió en su momento al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El sumario ahora está en manos de la juez a la que ha correspondido por turno de reparto la tramitación de la causa y que se encuentra con una situación harto delicada: toda la información relativa al personal del CNI y sus ocupaciones, desde los nombres propios hasta el escalafón o los destinos son materia reservada por Ley, pero los de estos dos agentes ya pueblan las actuaciones. La causa está bajo secreto de sumario y por esas circunstancias, lo previsible es que sea así hasta que llegue, si llega, a juicio.