Uno de los dos agentes del CNI imputados por revelar secretos a EEUU está en prisión provisional

Tras la detención, a cargo de la Policía, la instructora acordó enviar a uno de ellos a prisión provisional, donde aún se encuentra, tras llegar a la conclusión de que se daban circunstancias que podían poner en riesgo la investigación. El otro agente quedó en libertad con medidas cautelares y a ambos se les imputa un delito de revelación de secretos, si bien podría escalar en función de la gravedad de la información presuntamente traspasada.

Se sospecha, además, que hubo algún tipo de ofrecimiento económico, y según las fuentes consultadas por ABC, por el interés de EE.UU. de conocer el origen de una información que manejaba el CNI.

La existencia de la investigación, que se sigue bajo secreto, fue destapada por 'El Confidencial' y confirmada después por la ministra de Defensa, Margarita Robles. En declaraciones a los medios durante una visita a las tropas españolas en la base militar Adazi, de Letonia, subrayó que la causa surgió a raíz de una denuncia de la propia dirección del Centro Nacional de Inteligencia, que alertó de las presuntas filtraciones de sus propios agentes. No realizó más comentarios por tratarse de un asunto bajo secreto de sumario.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comentó en rueda de prensa, en Bruselas, que tenía esta información desde hacía «unos días» y mostró la disposición del Ejecutivo a colaborar con la investigación para que «se esclarezca cuanto antes».

La causa se está llevando con máxima reserva. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no aportan información al respecto y la Embajada de Estados Unidos en España tampoco ha realizado comentario alguno.

En caso de confirmarse los indicios que motivaron la puesta a disposición judicial de los dos agentes, que se han visto así expuestos, el hecho sería constitutivo no sólo de un delito por su parte, sino también de una falta de lealtad diplomática de Estados Unidos, en su búsqueda de información clasificada.

No hay muchos precedentes en España de agentes del CNI señalados por proporcionar información a otras potencias. El caso más emblemático es el de Roberto Flórez, que fue condenado en firme a 9 años de cárcel por ofrecer información que afectaba a la seguridad nacional a la inteligencia rusa cuando aún estaba en activo en el CNI.

La Audiencia le había impuesto 12 años, pero el Supremo rebajó la pena al considerar que no estaba acreditado que la información que recopiló se hubiese finalmente difundido. La condena lo fue por un delito de traición, la primera que se dictaba por este ilícito en democracia en España.

En el caso de los dos agentes investigados en el juzgado madrileño, la imputación de momento lo es por revelación de secretos, pero podría escalar en función de la materia de que se trate. Sobre todo, si afecta a la seguridad nacional. Los agentes podrían enfrentarse hasta a 12 años de prisión por traición al Estado por espionaje para una potencia extranjera.

En su artículo 584, el Código Penal recoge penas de entre seis y 12 años de cárcel para «el español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u organización internacional, se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional, será castigado, como traidor, con la pena de prisión de seis a doce años». Es una de las formas del delito de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.