Dos fiscales del Tribunal Supremo respaldan a un senador del PP contra la censura de Sánchez

Después de que el departamento de Robles contestara que es la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) la «encargada de verificar que la actividad económico-financiera del sector público se adecúa a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia», y que el de Hacienda se remitiera «al criterio del de Defensa», el Gobierno resolvió el 25 de junio de 2025. Lo hizo remitiendo al senador a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 (prorrogados para los dos siguientes), en concreto al precepto que establece que el Gobierno remitirá a las Cortes, a través de su Oficina Presupuestaria, información trimestral de las partidas afectadas, su importe y finalidad de la mismas y que la oficina «pondrá dicha documentación a disposición de diputados y senadores».

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Recuerda el fiscal que una vez dirigida la solicitud de información por parte del senador, el Reglamento de la Cámara Alta obliga a la administración requerida a «facilitar la documentación solicitada o manifestar al presidente del Senado (...) las razones fundadas en Derecho que lo impidan«.

En sus alegaciones a la Sala Tercera del TS, a las que ha tenido acceso ABC, el fiscal no ve «razones fundadas» en las evasivas del Ejecutivo. «Las razones dadas por el Gobierno en sus respuestas no cabe reputarlas como suficientes en derecho para no facilitar la documentación requerida por el senador», dice.

Por ello, Campos respalda la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación del parlamentario, que ejerce el abogado Víctor Soriano, y pide a la Sala que lo admita y obligue al Gobierno a entregar la información solicitada «en un plazo no superior a 30 días».

En la misma línea, y en el marco de otro recurso interpuesto por el mismo senador contra evasivas similares en otra petición de información, un segundo fiscal del Supremo, en este caso Francisco Moreno, propone también la admisión del recurso –presentado, como el otro, por el trámite del procedimiento especial de derechos fundamentales– por el mismo motivo: la falta de fundamentación del Gobierno en su respuesta.

En esta ocasión el senador pidió todas las modificaciones de crédito aprobadas al amparo de la Ley General Presupuestaria en Defensa con una detallada relación de la documentación solicitada en la que implicaba también al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. En concreto, y respecto a esas modificaciones de crédito, pedía número de expediente y norma jurídica de aprobación, partida presupuestaria de destino, motivo de la modificación, ejecución presupuestaria acumulada y certificación de la Igae. Todo ello en el periodo que va del 1 de enero al 1 de febrero de este año.

Foronda se volvió a dar de bruces con la falta de transparencia del Ejecutivo: el Ministerio para la Transformación digital contestó que no era «competente para responder»; el de Defensa lo hizo en los mismos términos de la otra solicitud, remitiendo además al senador a la Intervención General del Estado con un enlace a la web. El Gobierno, por su parte, copió la respuesta de Hacienda, que a su vez, remitió a Defensa.

Para responder al recurso del senador, el fiscal no duda en entrar en esa web y detallar su desesperado peregrinaje digital para, al final, no llegar a ningún sitio. «Tras acceder al enlace en cuestión, dentro del Ministerio de Hacienda y en el apartado Intervención General del Estado hay un apartado que se llama Control. Dentro de esa sección hay seis apartados navegables (...) Si de los seis se accede al de Función Interventora aparecen tres apartados navegables (...) De los tres, si se accede al de Control Financiero permanente aparecen ocho apartados navegables...». «Con todo respeto –señala Moreno– es como la película 'El viaje a ninguna parte'. Si ya el primer encuentro que depara el enlace no es en absoluto clarificador, la navegación intuitiva optando por lo que más se pueda parecer, o desechando lo que no parece tener relación alguna con lo que se pide, no conduce a ningún lugar en el que un navegante medio pueda vislumbrar que esté en camino de conseguir la información que claramente se identifica».

A juicio de Moreno, la respuesta, «si es que se pretende dar una respuesta, no cumple con los requerimientos mínimos que la relación de interlocución exige y, desde luego, supone la completa insatisfacción del derecho fundamental que aquí se invoca«. Añade que es »obvio« que no se da documentación alguna al solicitante y considera que debería haberse hecho un »mínimo esfuerzo de aclaración« en tal sentido, sobre todo teniendo en cuenta que no se notificó ningún impedimento que imposibilitara aportar la información requerida.

«No se alegaron razones como la seguridad, la privacidad, la falta de elaboración o afectación terceros, que podrían haber integrado, en su caso razones impeditivas de la entrega fundada en derecho«, concluye.