Un cuñado de Cerdán trabajó como albañil para Servinabar y cobró 61.669 euros de la empresa clave del caso Koldo

Fuentes de la defensa del exdirigente socialista han confirmado que Antonio Muñoz Cano, el hermano de la mujer de Cerdán, es albañil de profesión y trabajó como tal en la empresa Servinabar -mercantil que se ubica en el epicentro de la presunta trama que se hacía con mordidas a cambio de obra pública- en una obra en el período que aparece en la documentación aportada al Tribunal Supremo por parte de la Hacienda Navarra. Muñoz Cano, en concreto, percibió 3.363,36 euros en 2019, 16.255 en 2020, 21.233 en 2021 y hasta 20.818 en 2022.

Estos datos han visto la luz gracias a la documentación facilitada al juez instructor del caso por la Hacienda Foral Navarra. Así, Muñoz Cano se suma a Belén Cerdán, que trabajó del 1 de enero al 30 de junio de 2020 como administrativa cobrando por meses 2.000 euros netos. A continuación habría pasado a trabajar en la asesoría responsable de las cuentas de Servinabar por el mismo dinero y con las mismas funciones, según las fuentes consultadas.

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Javier Lillo

Las mismas añaden que Belén Cerdán estaba por cuenta propia los meses que estuvo trabajando para Servinabar directamente y después recuperó la condición de trabajadora por cuenta ajena. El total de los 22.200,84 euros percibidos por Belén Cerdán se detalla en la documentación de la Hacienda Foral de Navarra, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, que ya está en disposición del magistrado Leopoldo Puente. El instructor solicitó, en concreto, la información tributaria de Santos Cerdán, de Servinabar 2000 y de Joseba Antxon Alonso, administrador de la misma y vinculado con el exsocialista.

Los datos de la hacienda foral revelan que Servinabar también abonó más de 700.000 euros desde 2016 a 2024 a la Coopertiva Noran, que también aparece en la investigación porque a ella estuvo vinculada por un tiempo Koldo García.

Cabe destacar que la Guardia Civil localizó en un registro un contrato privado de compraventa hallado donde consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de Servinabar, la empresa que se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros en diferentes UTEs con Acciona Construcción.

En su declaración en el Supremo, Alonso desligó a Cerdán de ese contrato, asegurando que el mismo fue una suerte de borrador que se elaboró en 2015, cuando Cerdán se planteó dejar la política por los malos resultados cosechados por el PSOE en Navarra. Ambos realizaron ese documento estableciendo las que serían las condiciones, pero ese papel nunca llegó a tener validez porque el socialista decidió continuar en política, según sostuvo. La Fiscalía Anticorrupción señala a la empresa como «una sociedad creada 'ad hoc' para lucrarse» con la obra de Mina Muga y «otras venideras» en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona «sin que conste ninguna contribución precisa a ellas».

Entre la documentación remitida al instructor de la causa se encuentra el índice de actividad notarial de Servinabar, en el que se detalla que Alonso actuó como representante único de la empresa en las operaciones de constitución de la Unión Temporal de Empresas (UTE) en los proyectos que realizaron con Acciona y de los que resultaron adjudicatarios. Entre ellos figuran las obras de adecuación del Navarra Arena, la reforma del antiguo Archivo General de Navarra, la obra de los túneles de Belate y la construcción de viviendas de protección oficial en Egües, en Navarra.

En su declaración en el Supremo, Alonso defendió que decidió acudir en UTE a petición de la propia Acciona, y que esa fórmula -la de combinar una compañía grande con una local- es muy utilizada. El empresario defendió la legalidad de las citadas obras, asegurando que todas ellas han sido auditadas. En ese mismo índice de actividad de la compañía también aparece como interviniente o como apoderado el que fuera delegado de Acciona en Navarra Fernando Merino, que declaró precisamente el mismo día que Alonso en el Supremo, donde negó haber pagado mordidas por obra pública. Merino explicó que el 'modus operandi' era aliarse con empresas locales porque de otra manera era difícil, para compañías de corte nacional, conseguir obras en País Vasco y Navarra. «Era condición necesaria», llegó a afirmar.