Cuatro casos que salpican al PSOE tienen fondos de la UE bajo sospecha de mal uso

Este miércoles, la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, elevó dos cuestiones a la Comisión Europea para pedirle actuaciones en relación con las causas de Red.es y la investigación judicial de Plus Ultra, que considera conectadas alrededor de la mujer de Sánchez.

Montserrat pidió que «Bruselas actúe, que se impliquen la Oficina europea de lucha contra el fraude (Olaf), la Fiscalía Europea (Eppo) y el Tribunal de Cuentas, y que se exijan responsabilidades a las autoridades españolas para proteger el dinero de todos los europeos».

En su primera cuestión, la también vicepresidenta del Grupo Popular Europeo se refierió al informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) a petición de la Fiscalía Europea, en el que se detectan irregularidades en contratos adjudicados por la entidad pública Red.es por un total de 8,4 millones de euros a empresas relacionadas con Barrabés y que fue consultado y publicado por ABC.

En una segunda pregunta, la política pidió aclaraciones a la Comisión tras su respuesta a una interpelación parlamentaria sobre el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), que permitió la inyección de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Según la eurodiputada, la Comisión, hasta ahora, se ha limitado a señalar que el régimen general del fondo fue autorizado con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y validado por los tribunales, pero no ha examinado el caso concreto que afecta a Begoña Gómez.

Según avanzó este diario en enero, la Fiscalía Anticorrupción considera que hay indicios de que la aerolínea Plus Ultra defraudó al Estado al hacer un «uso indebido» de los citados 53 millones del rescate público a través del fondo de ayudas a empresas en el Covid de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

La vinculación entre la mujer de Sánchez y la aerolínea, según apuntaron las acusaciones populares del caso instruido por el juez Peinado, estaría en que un amigo de Pedro Sánchez, David Sanza, está vinculado a Plus Ultra a través de una empresa que trabaja para la compañía aérea. El magistrado instructor no desarrolló dicha vía de investigación solicitada por los abogados de las acusaciones.

Sin embargo, sí está en duda el mal uso que pudo hacerse de los fondos comunitarios destinados al rescate. Fuentes de la compañía Plus Ultra aseguran a ABC que en ningún momento hubo fondos europeos implicados en el rescate, sino que, efectivamente, la Unión Europea proporcionó el marco de cumplimiento mientras los fondos son con «cargo a los Presupuestos Generales del Estado».

Anticorrupción sostuvo que «en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública», la compañía aérea realizó devoluciones de dinero de supuestos contratos de préstamo a cuentas en el extranjero pertenecientes a sociedades que forman parte de una presunta organización criminal, dedicada al blanqueo de capitales de fondos ilícitos procedentes de Venezuela».

El tercer caso en el que han surgido dudas de que se hiciera un mal uso de fondos de la Unión Europea y cuenta con dos cargos próximos al presidente del Gobierno, los dos últimos secretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, imputados, es el que investiga si ambos pudieron cobrar mordidas de adjudicaciones de obras públicas de carreteras. La Fiscalía Europea ha pedido al magistrado instructor del caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que aclare el objeto de la investigación y la información sobre las adjudicaciones abordadas pues, como publicó ABC, al menos tres de las adjudicaciones abordadas fueron costeadas con más de 400 millones de fondos comunitarios.

El verano pasado, el Tribunal Supremo ya resolvió que la Audiencia Nacional -que comenzó a investigar a Ábalos por el presunto cobro de comisiones ilegales de los contratos de mascarillas adjudicados a Soluciones de Gestión, empresa representada por Víctor de Aldama- debía quedarse con la causa en detrimento de la Fiscalía Europea aunque hubiera fondos europeos porque no se podía concluir que las mordidas provocasen un perjuicio a los intereses financieros de la Unión Europea. Los investigadores del Tribunal Supremo esperan que el criterio seguido sea el mismo en el caso Cerdán en caso de plantearse un conflicto de competencias.

En cuanto a la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz con una plaza que, según se abordará en juicio, fue creada a medida para él, motivo por el que fue procesado por prevaricación y tráfico de influencias, la Diputación aportó documentación en la que aseguró que las actividades culturales que él coordinó no tuvieron financiación con fondos comunitarios.

Sin embargo, el PP sostuvo en la comisión de investigación del organismo provincial que algunas óperas del programa sí se financiaron con fondos de la Unión Europea, asunto que no ha quedado zanjado.