Los 21 episodios recogidos por la acusación popular que, a su juicio, demostrarían que Begoña Gómez malversó caudales públicos

En ellos se puede constatar que la asistente sí que hizo labores y gestiones para la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) que codirigía Begoña Gómez en el centro educativo público. Y vienen a respaldar que la decisión del magistrado de transformar esa causa para que siga por el procedimiento del Tribunal del Jurado podría ser la adecuada en el momento procesal actual, habida cuenta que esos 121 correos aportados por Doadrio suponen un elemento indiciario «fundado», en palabras del propio Peinado.

A esos correos electrónicos analizados por la UCO hay que sumar ahora otro documento aportado por la dirección letrada de las acusaciones populares -Hazte Oír- en la vistilla que se celebró el pasado sábado 27 de septiembre y que recoge hasta 21 episodios que pueden suponer un nuevo espaldarazo a la investigación de ese delito de malversación que alcanza no solo a la esposa de Sánchez y su asistente sino también al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que al momento de los hechos ocupaba el cargo en La Moncloa de secretario general de la Presidencia del Gobierno y tenía entre sus cometidos supervisar que esa asistente se dedicaba exclusivamente a las funciones asignadas en su puesto público.

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Con ese escrito, que es en realidad una investigación en profundidad, fuentes consultadas hablan de jornadas maratonianas para recopilar toda la documentación, la acusación pretende ahondar en la existencia de indicios de que hubo un «uso indebido de medios y recursos públicos con finalidad privada» y que se dio una «utilización continuada y coordinada de personal y medios adscritos a funciones públicas» para atender actividades que respondían al ámbito profesional privado de Begoña Gómez.

Dado que la acusación popular considera que la conducta no se limitó a actuaciones aisladas o fortuitas sino que se está ante «un patrón sistemático de extralimitación de funciones en provecho privado» realiza una cronología con esos 21 hitos -que comprenden actos presenciales, mails e instrucciones logísticas- que podrían probar la malversación dado que, añade, desde al menos el 16 de julio de 2018 «se habrían empleado recursos públicos, personal, agenda institucional y logística, en favor de intereses profesionales privados» de la esposa de Pedro Sánchez.

Así, el primer evento que recoge el escrito es el Encuentro Estatal de Emprendedoras 'Ruraltivity', celebrado el 26 de febrero de 2019, y al que asistió tanto Begoña Gómez como su asistente (incorporan foto del acto donde se les puede ver a las dos). Destaca, como hecho relevante, que la cátedra extraordinaria de TSC participó en la alianza de entidades de mujeres rurales promocionada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) y que en esa ocasión, Gómez dio una charla a las 12.00 horas cuyo título era 'Reto País: Las alianzas público-privadas para emprender en un medio rural sostenible'.

Más relevante, dice el escrito, es la participación de la asistente junto a Gómez en a la firma el 30 de noviembre de 2020 del convenio de la cátedra extraordinaria. Indica el documento que se trata «indubitadamente» de un acto de agenda personal y privada por lo que «se refuerza el patrón de uso de personal público para fines ajenos a la agenda de Presidencia».

Otro evento destacado por la acusación popular es el organizado por la plataforma Conpymes y que tuvo lugar el 21 de mayo de 2021. Una vez más, aporta fotografía del evento (en este caso hallada en un artículo de ABC) y destaca que ambas asistieron a esa presentación. Añade que en la nota de prensa de la plataforma se apuntaba que Begoña Gómez «acudió a la presentación como directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la UCM». «Vemos una nueva repetición del patrón establecido, en el que se utilizó por parte de la investigada a personal de Moncloa para acompañarla, una vez más, a un acto de carácter profesional y privado», recalca.

Otro ejemplo que ofrece la acusación es la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural en Soria de noviembre de 2021, acto al que asistió Gómez en calidad de directora de la cátedra y en compañía de su asistente. «Nunca se mencionó que acudiese a la misma en representación del Gobierno o como esposa del presidente y tampoco que hubiese actos coincidentes en fechas que justificasen la necesidad de la asistente de Moncloa en el evento», puntualiza la acusación.

Además de estos eventos, el escrito recoge otros, como el taller celebrado en junio de 2022 y que llevó por titulo 'Los ODS como palanca de transformación en la que convergen la empresa y las ONG', o el celebrado el 29 de enero de 2024, cuando la esposa del presidente del Gobierno acudió junto a Cristina Álvarez a la Gala de las 'Top 100 mujeres líderes'. En el escrito, se indica que Gómez fue invitada a este evento «por su labor profesional y no por quién era su esposo». «Por tanto, la presencia de Álvarez era innecesaria y daba una apariencia de institucionalidad que no existía a la presencia de la investigada Gómez, no siendo real la misma», apuntala.

Entre esos 21 episodios, la acusación popular incluye varios 'mails' que ya constan en la causa -distintos a los aportados por Doadrio- y que, a su juicio, vendrían a demostrar que la asistente ventiló asuntos relacionados con la cátedra desde el correo de Presidencia y «con el correspondiente sello a pie de página, remitiéndose no solo con su cargo sino, además, con el título de Secretaria General de Presidencia».

Para la dirección letrada de las acusaciones, «resulta inequívoco que no se trata de episodios aislados, sino de un patrón continuado y planificado de desviación de recursos públicos». Así, consideran que la asistente «en estrecha coordinación» con la esposa de Pedro Sánchez convirtió su puesto de personal en la Administración Pública «en un instrumento permanente de asistencia privada, desarrollando de forma reiterada y ordinaria tareas propias de secretaría personal y de apoyo a negocios, convenios y actividades académicas de carácter particular».

Subrayan, en este sentido, que ese proceder se mantuvo de lunes a viernes «durante el horario laboral ordinario» y «utilizando tiempo de trabajo, correo institucional, instalaciones y medios de la Presidencia, en flagrante contradicción con las funciones y el lugar de desempeño fijados en su nombramiento».

Para las acusaciones, y así se lo trasladaron al magistrado el pasado sábado, los hechos investigados constituyen un supuesto de «malversación de especial gravedad por su carácter sistemático, prolongado y consciente». Al hilo, ya en declaraciones a los medios, uno de los letrados resaltó que la investigación ha llegado al momento actual gracias las acusaciones populares y a pesar de la acción de la Fiscalía.