El crecimiento de la inmigración en Cataluña sacude la campaña

Como explica Blanca Garcés, investigadora sénior en el área de Migraciones del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob), en Cataluña «el 21% de la población ha nacido en el extranjero (entre nacionalizados y no), en España este porcentaje es del 14%». Tras esto, dos explicaciones. Una demográfica, vinculada al reasentamiento de las familias. Y otra relacionada con las características del mercado laboral. El catalán «depende de las llegadas para sectores como la agricultura, la construcción y el turismo», afirma Garcés, quien apunta que ocurre lo mismo en otras zonas económicas atractivas como Madrid o Valencia (con un 15% y 14% de población extranjera respectivamente en 2022, cuando la media nacional estaba en el 11%). Añade que, más allá de esto, destacan las «regiones de primeras llegadas».

—Aquí estoy muy cómodo. Al ser un pueblo, el alquiler es barato y puedo enviar dinero para que mis hijos estudien en mi país.

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Como gran parte de la comunidad senegalesa de Guissona –mayoritaria en la zona y que ya cuenta con organizaciones y festividades propias–, Tidian trabaja en una cooperativa local despiezando carne. La empresa cuenta con un circuito cerrado de producción, de forma que genera el propio grano del que se alimentan sus animales, tiene sus propios camiones para el reparto o las gasolineras para que estos funcionen.

—Lo abarcan todo. Ahora lo ves tranquilo, pero entre semana es un ir y venir. Me voy a la mezquita, vamos ahí a rezar.

El caso de Guissona, un lugar tranquilo en el que no se perciben choques entre oriundos y foráneos, contrasta con el de otros emplazamientos en los que se concentra la inmigración en Cataluña, donde las condiciones no son las mismas.

Guetificación o, definido con el nombre académico que aporta Garcés, «alta segregación residencial». Barrios periféricos de grandes ciudades como Salt (Gerona), donde hay una alta concentración de población extranjera en situación de exclusión social. También en Vic o el Manlleu (Barcelona). Aquí se reproducen los casos de okupación, en entornos de consumo y venta de drogas. Un ambiente que sí perturba a los vecinos nacidos en España, que han visto cambiar sus calles, y donde partidos como Vox, o ahora Aliança Catalana, han tratado de capitalizar en forma de votos su descontento. «El malestar es real», reconoce Garcés. La sensación de desagravio se concentra, según la investigadora, en las clases medias y bajas, que tienen la sensación de que la administración ya no brinda soluciones y que la situación va a peor: «No sólo la de ellos también la de sus hijos. Hoy puedes tener trabajo y ser pobre».

Este estado de las cosas, ha sido instrumentalizado durante esta campaña electoral de las elecciones catalanas por formaciones dentro del espectro tanto constitucionalista como independentista. Vox estuvo en Salt el fin de semana pasado, desde donde Santiago Abascal pidió «deportaciones masivas» ante la atenta mirada de seguidores, pero también de una parte de la comunidad magrebí que allí reside. Añaden, al supuesto desagravio económico de los nacionales a causa de la inmigración –«lo primero para los míos»–, la cuestión de la inseguridad.

Una línea argumental que ha hecho endurecer el discurso al Partido Popular. Con figuras del perfil de Xavier García Albiol –duro desde hace años con la inmigración y alcalde de Badalona con mayoría absoluta–, el candidato popular a la Generalitat, Alejandro Fernández, ha añadido en los últimos tiempos a sus propuestas la expulsión de los delincuentes extranjeros reincidentes. Una que también figura en el programa de Aliança Catalana, el partido fundado por la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols. Y es que, como admitió la candidata independentista a José F. Peláez esta semana en ABC, sus líneas de acción en materia de inmigración si accede a la Presidencia pueden coincidir con las tesis planteadas por Abascal.