Corinna reclama casi 150 millones a Juan Carlos I, que esgrime en su defensa su papel en la Transición

Así consta en el escrito de alegaciones presentado por los abogados del padre del Rey, al que tuvo acceso ABC, en el que plasman su línea de defensa ante el Tribunal Superior de Londres para que desestime la demanda interpuesta por Larsen. Como argumento principal esgrimen que la justicia británica no es competente para enjuiciar los hechos.

Y no lo es- según el despacho Velitor Law,- porque don Juan Carlos «está domiciliado en España» y, por tanto, tendrían que ser los tribunales españoles los que abordaran el asunto; se pretenden introducir cuestiones blindadas por la inmunidad de la que gozaba; y «la totalidad de las alegaciones» planteadas por la defensa de Larsen «es desesperada y no revela ninguna pretensión con posibilidades reales de éxito». Además, alegan, el «daño directo» no tuvo lugar en Reino Unido.

Noticia Relacionada

La actuación de Sanz Roldán como «agente del Estado español» permite a Juan Carlos I obtener la inmunidad en la demanda de Corinna

Adriana Cabezas

No podrá ser juzgado por los hechos anteriores a su abdicación

«El último borrador, al igual que sus predecesores, es incoherente, internamente contradictorio y manifiestamente contrario a Derecho», reprochan los abogados de don Juan Carlos, quien también carga contra Larsen por hacer acusaciones «falsas».

«El demandado subraya de entrada que considera que esta demanda es vejatoria», se puede leer. «Niega rotundamente que haya acosado o dirigido a la demandante acoso alguno», zanja. Y asegura que el «abuso de poder» del que le acusa su antigua amiga es «totalmente incoherente con el importante papel» que tuvo en la Transición española «a una democracia parlamentaria y su largo periodo de servicio como soberano».

Así, en 115 páginas, los abogados del padre de Felipe VI tratan de convencer a la jueza Rowena Collins Rice de las «debilidades» que presenta la demanda de Larsen y su «falta de credibilidad». «Es ya la duodécima versión diferente», aseguran. «El último borrador de alegato es deplorablemente inadecuado y plagado de contradicciones e inverosimilitudes», prosiguen.

Corinna Larsen demandó al padre del Rey en diciembre de 2020 ante la justicia británica, tras más de siete años de supuesto acoso. Él recurrió y la Corte de Apelación le dio parcialmente la razón al reconocer que gozaba de inmunidad hasta su abdicación. Llegaron a esa conclusión porque en los hechos denunciados por Larsen también actuó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). «El general Sanz Roldán actuó en todo momento en su capacidad de director del CNI. De ese modo, tanto él como los operativos del CNI con los que actuó, estaban durante todo ese tiempo maniobrando como agentes del Estado español», argumentaron los magistrados.

Sí ha continuado el trámite para el resto de la demanda, que recoge supuestos de acoso de 2014 a 2020. El tribunal de Londres ha fijado hasta el viernes la vista preliminar para abordar alegaciones pendientes.

«Se sintió enojado, rechazado y / o humillado porque ella no reanudaría su relación romántica e íntima, y quería castigarla por negarse a someterse a su voluntad», relata Larsen en la demanda que presentó contra el padre del Rey, a la que tuvo acceso ABC. «Le preocupaba que ella pudiera revelar información sobre sus negocios y asuntos privados« y estaba »injustificadamente» enfadado porque ella se había negado a devolver la donación de casi 65 millones de euros que previamente don Juan Carlos habría recibido por parte de Arabia Saudí.

«Ha sufrido gran angustia, ansiedad, sueño, privaciones y preocupación por su propia seguridad física y la de sus hijos», exponía el escrito. En su demanda Larsen relata un episodio, que habría tenido lugar en abril de 2020, en el que «dos disparos» rompieron «las lentes de las cámaras de la puerta principal». Según su versión, las imágenes del circuito cerrado de seguridad no apreciaron a «ninguna persona armada» por lo que denunció, tuvo que tratarse de alguien con un «alto nivel de puntería». También relaciona la supuesta campaña de acoso con un acceso al sistema de circuito cerrado de videovigilancia de su domicilio o con un dron que habría sobrevolado su finca en mayo de 2020.