El Constitucional pretende resolver sobre la ley de Amnistía antes del verano
Si no hay decisión en julio, ya no la habrá hasta final de 2025: una cumbre de 120 países lo desaconseja
El Poder Judicial se prepara para resistir los ataques de Sánchez
Editorial | El año de la Justicia
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido
Los dos meses que la ley de Amnistía preveía para su aplicación efectiva por parte de los tribunales van camino de convertirse, en el mejor de los supuestos, en un año desde su entrada en vigor, el pasado 15 de junio. Al menos para aquellos ... para quienes se hizo ese perdón a medida: los líderes independentistas de los que depende la legislatura de Pedro Sánchez y que tienen todas sus esperanzas depositadas en el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido, el mismo que en julio borró la malversación del caso ERE 'indultando' el mayor escándalo de corrupción que en términos cuantitativos se ha vivido en España.
Aunque el órgano de garantías asume como una de sus prioridades el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la ley, lo cierto es que los recursos, cuestiones de inconstitucionalidad que se han presentado contra la norma y recusaciones de varios magistrados, entre ellos, su presidente, han desbordado todas las expectativas y tiempos y nadie confía ya en que el Pleno pueda empezar a deliberar hasta mediados del próximo año.
Si entonces no lo ha hecho, habrá que esperar a finales de 2025 porque justo después del próximo verano el TC español se centrará en los preparativos de la Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales que reunirá a 120 países en la capital de España y no parece desde luego el mejor momento para fallar sobre un asunto que va a volver a levantar ampollas en la sociedad española.
Pese a que en el último Pleno del año se ha pisado el acelerador con la admisión por unanimidad de los 15 recursos presentados por las comunidades autónomas contra la ley de Amnistía y dos de las tres cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), no serán estas impugnaciones las primeras que vean la luz, sino la cuestión de inconstitucionalidad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzgó y condenó a los líderes del 'procés' y cuyo ponente es el magistrado conservador Ricardo Enríquez.
En su escrito al TC, el Supremo, que ya se ha ratificado en que la amnistía no es aplicable al delito de malversación -de ahí que Puigdemont no pueda pisar España sin ser detenido-, denuncia la vulneración de los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica, arbitrariedad y la separación de poderes. «La norma cuestionada repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley, resultando por entero arbitrarias las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone (...) No estamos aquí ante un debate político de mayor o menor calado. Son los principios constitucionales y el sistema democrático mismo los que están aquí en cuestión», advirtió la Sala presidida entonces por Manuel Marchena.
La recusación de Macías
Cuando se aborde esta cuestión de inconstitucionalidad la composición del Tribunal estará ya clara. Fuentes del órgano dan por hecho que quedará fuera de las deliberaciones el magistrado conservador Mario Macías, recusado por la Fiscalía y Abogacía del Estado por haberse pronunciado sobre la ley como vocal del Consejo General del Poder Judicial, puesto que ocupó hasta que el pasado 25 de junio fue nombrado magistrado del TC.
En el sector conservador ven clara la estrategia del grupo progresista para apartarle, algo que entienden que ya se puso claramente de manifiesto con la forma en la que Conde-Pumpido decidió resolver las recusaciones. La abstención del exministro socialista Juan Carlos Campo dejó el tribunal con once miembros, de los que seis son progresistas y cinco conservadores. La ausencia de Macías garantizaría una mayoría más holgada (6-4) a favor de la constitucionalidad de la ley.